El Congreso cree que el Banco de España fomentó la venta de preferentes por parte de las entidades financieras a pesar de conocer los problemas de solvencia de algunas cajas. En el borrador del informe final de la comisión del rescate, al que ha tenido acceso Bolsamanía, los grupos parlamentarios apuntan que “se impulsó la colocación a pequeños ahorradores de productos financieros complejos de los que se sabía que muy posiblemente supondrían quebrantos económicos para sus tenedores”.
Las conclusiones de la comisión del Congreso que investiga la crisis financiera, el programa de asistencia y la quiebra de las cajas de ahorro, por la que han desfilado durante meses supervisores, expertos, políticos y gestores de entidades, son muy duras con el Banco de España, no solo en relación con las preferentes.
Para los grupos políticos, la “única medida con cierto empaque” tomada por el supervisor para intentar “salvaguardar la solvencia de las entidades y la estabilidad del sector financiero” fue la implantación de las provisiones contracíclicas.
El Banco de España tenía herramientas para frenar la crisis, pero no las utilizó, según concluye el borrador del informe, algo que se debió más a la voluntad política que a una imposibilidad técnica. “Muchas de las medidas que podrían haberse aplicado no se hicieron efectivas porque no contaban a priori con el beneplácito del regulador europeo. Es decir, la no aplicación de medidas tenía más que ver con la voluntad política que con la imposibilidad técnica”, añade la comisión, basándose en las declaraciones efectuadas por los propios comparecientes.
Por esta comisión han pasado, entre julio de 2017 y septiembre de este año, gobernadores, subgobernadores, inspectores y más responsables o exdirectivos del Banco de España, de cuyas declaraciones el Congreso desgrana que “existían posibilidades no ejecutadas de acción”.
De hecho, apunta que la labor del Banco de España durante la gestación de la crisis se limitó a emitir advertencias, “soslayando la utilización de otras herramientas y procedimientos de los que se disponía, así como de su fuerte influencia sobre el aparato legislativo y el ejecutivo”. Este modelo de actuación fue, según concluye la comisión, “totalmente insuficiente”.
Además, para el Congreso los sistemas institucionales de protección (SIP) -el mecanismo creado para la consolidación de las cajas de ahorro insolventes- “no tuvieron el éxito deseado” y solamente sirvieron para comprometer recursos públicos y perder el tiempo, lo que “incidió en el empeoramiento de la situación de las entidades”.
