La Comisión Europea ha presentado este martes su propuesta para conciliar la lucha contra el blanqueo de capitales dentro del territorio de la UE con una autoridad central a nivel comunitario que coordine la acción de las autoridades nacionales y una guía para regular criterios entre los 27 Estados miembros.
En el marco de las medidas propuestas para mejorar la detección de transacciones sospechosas y de acabar con los vacíos legales usados por redes criminales y organizaciones terroristas para financiar sus actividades, Bruselas quiere unir criterios y coordinar mejor la lucha antifraude con la creación de la Autoridad contra el Blanqueo de Capitales, nombrada en inglés como AMLA, una institución con el objetivo de "coordinar a las autoridades nacionales para garantizar que el sector privado cumple correctamente las leyes europeas".
La idea de la Comisión es establecer una entidad que tenga un equipo de 250 trabajadores y que será a partir de 2024 cuando se coordine con las unidades de inteligencia financiera de los Estados miembros para perseguir esta actividad ilícita. La AMLA se situará en el centro de un sistema integrado de organismos supervisores nacionales asegurando la convergencia y una cultura y prácticas comunes.
La autoridad central de la UE será quien tenga un papel de coordinación en las áreas del sector no financiero, mientras que en el área financiera ejercerá ella misma el rol de supervisor en lo relativo a entidades expuestas a un alto riesgo de blanqueo de dinero y apoyo al terrorismo.
Aparte del nuevo mando, el Ejecutivo europeo ha querido implantar un marco regulatorio único que incluya normas comunes contra el lavado de capital y estándares comunes para aplicar a entidades financieras, firmas de inversiones, bufetes de abogados, auditorías, aseguradoras, casinos o proveedores de criptomoneda. Estas reglas no tendrán que ser traspuestas a nivel nacional y con ello se busca que las leyes a nivel de los 27 países miembros sean más detalladas y concisas que en la actualidad.
Otra medida para armonizar la lucha contra el lavado de capital dentro del territorio comunitario será establecer un límite de pago en efectivo de 10.000 euros, una medida que, según ha explicado la CE, ya se encuentra en dos tercios de los países de la UE.
UNA AUTORIDAD INDEPENDIENTE
El paquete de medidas ya ha recibido críticas por parte de algunos grupos políticos. El Partido Popular Europeo ha manifestado que es vital que la nueva institución sea "verdaderamente independiente" de las autoridades nacionales.
"El principal riesgo es añadir una capa adicional de complejidad y crear nuevos conflictos de competencias. Para evitar eso debe quedar claro que la nueva autoridad da las órdenes a las entidades de alto riesgo", ha asegurado el eurodiputado alemán Markus Feber.
