La Sala Tercera de lo Penal de Audiencia Nacional ha ordenado al instructor del ‘caso Bankia’ que llame a declarar a las cúpulas de los supervisores Banco de España y Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por su "corresponsabilidad" en la salida a bolsa de Bankia, que ocasionó pérdidas de 15.000 millones a accionistas, preferentistas y acreedores, además de obligar al Estado a nacionalizar la entidad e inyectarle 22.000 millones de dinero público, todavía sin recuperar y con cargo al contribuyente.
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Según el auto, que admite parcialmente un recurso Confederación Intersindical de Crédito (CIC), existen en la causa “indicios múltiples, bastantes y concurrentes de criminalidad” respecto a la “corresponsabilidad” de Banco de España y la CNMV en los hechos investigados. “Constituyen indicio de la intervención del BdE en toro el proceso, desde la misma constitución del SIP de BFA Bankia (resultado de la fusión de Bancaja y Caja Madrid), hasta la propia existencia de reuniones en la sede del BdE reconocidas en las declaraciones de Aríztegui y Fernández Ordóñez”, señala el escrito del tribunal.
El 8 de abril de 2011, un equipo de inspectores del Banco de España encabezado por José Antonio Casaus y otros seis profesionales envían un correo electrónico al supervisor jefe del equipo, Pedro Comín, en el que le hacen llegar una serie de reflexiones sobre la viabilidad de Bankia y coste para el contribuyente en el que desaconsejan de forma clara la salida a bolsa de Bankia con una doble estructura de banco y como filial de Banco Financiero de Ahorros (BFA), debido a que el soporte de las acciones cotizadas con un valor de 9.000 millones de euros no podía sostener un pasivo del BFA de 21.000 millones, según consta en el auto. Los tres jefes de supervisión del Banco de España actualmente en activo (Comín, González y Herrera) han presentado su dimisión tras el auto judicial.
Según la sala tercera de la Audiencia Nacional, el contenido del informe y otros tres correos es “demoledor” en cuanto a las irregularidades detectadas y su contenido lleva a calificar la salida a bolsa de Bankia como “fraudulenta”. Asimismo, en base a los correos de los inspectores, las cuentas de Bankia en ningún momento fueron fieles a la realidad, lo que les llevó a advertir de forma reiterada a sus superiores que “la solución de salida a bolsa no debería ser aprobada pues suponía un grave perjuicio para accionistas, preferentistas y contribuyentes (estimado en unos 15.000 millones de euros”, recuerda la Audiencia Nacional en un escrito al juez Fernando Andreu.
En este auto, la Audiencia Nacional piden que declaren como investigados en el ‘caso Bankia’ el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el expresidente de la CNMV, Julio Segura, así como toda la segunda línea directa de los dos supervisores. Entre ellos se encuentran Fernando Restoy (subgobernador del BdE y vicepresidente), Pedro Comín (jefe de inspectores del BdE), Mariano Herrera García-Cantauri (director general de supervisión bancaria), Pedro González (director de departamento), Jerónimo Martínez Tello (director general de supervisión) y Javier Arístegui (FROB y BdE).
UN BANCO GESTIONADO POR POLÍTICOS
En el informe del equipo de inspectores se plantea como única alternativa viable para Bankia la compra de la entidad por parte de un banco extranjero “con suficiente músculo” como para convencer al mercado de que puede afrontar los 120.000 millones de euros en vencimientos que tenía Bankia en los momentos previos a su colocación en bolsa. Los responsables de supervisión cargaron de manera directa contra los gestores de las antiguas cajas de ahorro que formaron el SIP (fusión virtual) del que nació Bankia, con Rato y Olivas a la cabeza.
“Sería la solución óptima pues no perdería nadie, ni los contribuyentes ni los acreedores. Otra cosa es que los políticos que gestionan Bankia no quieran explorar esa vía para no perder sus poltronas ni su herramienta de financiación”, señalaban en abril de 2011 los inspectores del Banco de España en uno de su correos en el que advierten que la salida a bolsa con una estructura de doble banco, como sucedió, “es el primer paso para nacionalizar las pérdidas, algo injusto y contrario a lo que nos pide la norma”.
