MADRID, 9 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía General del Estado ve adecuado que la Administración ejecute el bloqueo de páginas webs de descargas ilegales sin autorización judicial, según se desprende de la memoria anual de 2018 que el organismo ha publicado este lunes, 9 de septiembre.
El Ministerio Público señala en esta memoria, consultada por Europa Press, que "cada vez se percibe que resulta menos eficaz la autorización judicial que se insta de los Juzgados Centrales para la ejecución provisional de las resoluciones".
Tal y como indica, el autor de la conculcación del derecho de propiedad intelectual, que está fuera de España, "no comparece nunca" y además las operadoras a través de las que se cursan las descargas "no se oponen a la resolución que se comprometen a acatar inmediatamente".
La Fiscalía apunta que, aunque no está constatado, entiende que "el autor de la página desde la que se facilitan las descargas abrirá enseguida otra nueva". Por todo ello, cree que sería "mejor" quefuera la propia administración la que ejecutara sus resoluciones y "dejara al afectado que recurriera, en su caso, y pidiera la suspensión".
El Parlamento ya aprobó el pasado mes de febrero una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que recoge, entre otros asuntos, una modificación por la que la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual podrá requerir al operador un segundo bloqueo sin necesidad de volver a acudir a un juez.
En concreto, la nueva ley contempla que "la ejecución de la medida de colaboración dirigida al prestador de servicios, con independencia de cuál sea su naturaleza, no requerirá la autorización judicial prevista en el artículo 122 bis de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa" cuando estas webs sean reincidentes.
Ahora, la Fiscalía va más allá y propone que la Administración pueda ejecutar el bloqueo desde el primer momento sin necesidad de la autorización judicial.
DESCENSO DE INCOACIONES Y ACUSACIONES
Por otro lado, la memoria del Ministerio Fiscal destaca el descenso tanto de incoaciones como de acusaciones en el ámbito de la propiedad intelectual, mientras que en la propiedad industrial se confirma la tendencia de aumento del año anterior.
El organismo que preside María José Segarra destaca que, frente a lo que señalaba en memorias anteriores, han experimentado un cierto repunte en este año conductas que venían descendiendo mucho en los últimos ejercicios, "sustituyendo la compra desde el hogar a través de las páginas de comercio electrónico a la compra callejera".
Tal y como indica, "no parece que el derecho penal esté siendo una herramienta eficaz para atajar estas conductas, ya que da la sensación de que la sociedad se ha acomodado a convivir con una cierta forma de ilegalidad, respecto a la cual el derecho penal en todas sus dimensiones no se ha mostrado como una herramienta eficaz".