El secretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Gonzalo García Andrés, ha destacado este martes en el Congreso que todo instrumento criptoactivo estará sujeta a la nueva Ley del Mercado de Valores que tramita la Cámara Baja.
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Este proyecto de ley, ha explicado, contempla un régimen de infracciones y sanciones que permitirán a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) actuar sobre la futura normativa europea de criptoactivos, aunque no sean instrumentos financieros. Así, el supervisor podrá sancionar por el incumplimiento de obligaciones y requisitos que no sean instrumentos financieros y se presenten como objeto de inversión.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso para explicar esta iniciativa, García Andrés ha destacado la "mejora sustancial" que supone, a su juicio, la regulación en materia de criptoactivos y digitalización, así como el margen que deja de adaptación, tanto a la normativa europea como a futuros instrumentos. "Hoy hablamos de token, mañana de otra denominación... Es importante tener herramientas y que el sistema se adapte", ha esgrimido.
El 'número dos' de la vicepresidenta Nadia Calviño ha explicado que la norma permite unificar los diferentes cambios normativos realizados en los últimos años sobre regulación financiera, permitiendo mayor seguridad jurídica y claridad para todas las partes implicadas en este sector.
La norma, ha proseguido, modificará la normativa de la CNMV para fijar en seis años no renovables el mandato de su presidencia, vicepresidencia y vocales, se prohibirá recibir o solicitar instrucciones de un tercer y se eliminará la posibilidad de interponer un recurso de alzada contra las decisiones del supervisor.
Por otro lado, García Andrés ha destacado otros cambios en la regulación para mejorar la competitividad de los mercados, como la simplificación del proceso de admisión en la negociación de valores de renta fija, la simplificación del proceso de emisión, con menos tasas y eliminación de obligaciones de información; o la apertura a pymes de ventajas de mercado, permitiendo que tengan prima de control ante operaciones o amenazas de OPA.
También la regulación de "un marco adecuado" para la protección del inversor para las compañía con un propósito especial de compra (conocidas como SPAC, por sus siglas en inglés). Estas empresas, ha subrayado, ya podían constituirse con la regulación actual y no se promueven con la nueva norma, sino que se aclara su función y se permite el reembolso del capital invertido.
