Santander plantea un ERE de 4.000 empleados y cierre del 30% de oficinas

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Para impulsar la flexibilización interna, la idea es reubicar con carácter obligatorio a los trabajadores en otras sociedades del grupo, pero fundamentalmente en Santander Personal, el servicio de atención personalizada al cliente por canales remotos. A estas personas se les formará y se les mantendrá la antigüedad y el salario.

También ha ofrecido movilidad geográfica para poder reubicar a la plantilla afectada por el volumen de cierres de sucursales con la ampliación del radio hasta los 400 kilómetros y con posibilidad de traslados entre islas en ambos archipiélagos. En estos casos se incluirán compensaciones económicas de entre el 10% y el 15%.

Los sindicatos han valorado de forma muy positiva las medidas de flexibilidad interna, pero consideran que 1.000 personas son insuficientes. En este sentido, CCOO se ha comprometido a trabajar para reducir la cifra final de extinciones, así como para incrementar el número de empleados que pueden acogerse a las reubicaciones.

CIERRE DEL 30% DE SU RED DE SUCURSALES EN ESPAÑA

Asimismo, Banco Santander ha planteado a la representación sindical la necesidad de cerrar en torno al 30% de su red de sucursales en España, es decir, entre 900 y 1.000 oficinas. La entidad cuenta con 3.110 oficinas repartidas por el territorio español, según los últimos datos disponibles correspondientes al cierre del pasado mes de septiembre.

Banco Santander ha justificado esta decisión en el creciente uso que los clientes están haciendo de los canales digitales, con la previsión de que se multiplique tanto en transaccionalidad como en ventas en los próximos dos o tres años. En esta línea, Banco Santander habría recordado durante la reunión con los sindicatos que, a pesar del cierre de parte de la red, recientemente ha alcanzado un acuerdo con Correos para prestar servicios básicos financieros en más de 4.600 puntos de atención de la compañía postal. Esta alianza le permitirá ampliar su alcance a 1.500 municipios.

Tras las reuniones previas, la entidad y los sindicatos se han emplazado para el próximo martes, 17 de noviembre, cita en la que se constituirá la mesa negociadora, se entregará la memoria justificativa y que dará paso al periodo legal de negociaciones, que durará 30 días.

Durante los próximos encuentros se plantearán varias ofertas económicas, la afectación por áreas geográficas y por negocios, entre otros puntos. Como es habitual en este tipo de procesos, las cifras definitivas variarán en función del trabajo negociador de ambas partes. La intención del banco es llevar a cabo un plan de transformación y eficiencia para ajustar la dimensión en España a las nuevas realidades. Afectará a la red comercial, los servicios centrales y el centro corporativo.

Hace apenas un año, la entidad presidida por Ana Botín dio por finalizado el grueso del ERE que puso en marcha en mayo de 2019 como consecuencia de las duplicidades derivadas de la integración de Banco Popular y que supuso la salida de 3.223 trabajadores. Este ajuste también implicó la clausura definitiva de 1.128 sucursales.