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JUNTA DE ANDALUCÍA
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Entre 1.000 y 2.000 millones de euros. Ese puede ser el coste que suponga a los bancos asumir la sentencia del Tribunal Supremo que les obliga a pagar el impuesto de Actos Juridicos Documentados (AJD) en la firma de los créditos hipotecarios, según calculan Jefferies y Renta 4. Aunque esta cantidad se calcula aplicando únicamente una retroactividad de cuatro años.

Desde el banco estadounidense Jefferies afirman que la clave es la "posible retroactividad" de la sentencia. Si los bancos hacen frente a los importes pagados por los clientes en los últimos cuatro años, estos analistas limitan la cantidad a menos de 1.000 millones de euros, algo que sería "potencialmente manejable desde el punto de vista del capital".

"Aunque la noticia es negativa, y supondrá una penalización a la generación de beneficio neto para el sector en caso de que se vea obligado a devolver las cantidades asociadas a ese impuesto (asumiendo retroactividad) consideramos que el mercado está sobre reaccionando", señala Nuria Álvarez, analista financiera de Renta 4.

"En caso de existir retroactividad podría limitarse a 4 años, dado que el impuesto pagado en hipotecas anteriores a esta fecha estaría prescrito", afirma esta experta en el sector bancario español.

Aunque la agencia Moody's ha calculado un posible impacto de 4.000 millones de euros para el conjunto del sector, Álvarez comenta que "hacer estimaciones sobre el posible impacto que esta sentencia pueda tener es cuanto menos aventurado, dado que para el cálculo hay que tener en cuenta muchas variables para las que no tenemos información y hacen imposible realizar un cálculo que aporte credibilidad sobre el impacto final real".

Según una primera aproximación, que toma como referencia la concesión de nuevo crédito y asume una aceleración del mismo en 2018, "el impacto de la sentencia en el sector podría alcanzar los 2.000 millones de euros aproximadamente, aplicando un AJD del 1% de media", afirma esta experta.

LA BANCA SE NIEGA A PAGAR, PERO ...

Por el momento, la Asociación Española de Banca (AEB), Confederación Española de Cajas de Ahorro (Ceca) y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (Unacc) han defendido que no han percibido dinero de sus clientes y que se han limitado a pagar el AJD.

Sin embargo, los técnicos de Hacienda (Gestha) han indicado que aquellos ciudadanos que hayan formalizado un préstamo hipotecario en los últimos cuatro años pueden solicitar a Hacienda la devolución de ingresos indebidos, más intereses de demora. A su vez, las haciendas autonómicas podrán enviar el requerimiento de pago a los bancos.

Si han pasado más de cuatro años, los afectados deberán emprender acciones legales, lo que seguramente reducirá de manera importante el número de ciudadanos que se decidan a iniciar un proceso jurídico. Gestha ha pedido a los bancos que establezcan un procedimiento voluntario, pero no es probable que el sector lo haga 'motu proprio'.

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