- Fueron aprobadas hace tres años y se han recaudado más de 500 millones de euros
Tres años después de que fueran implantadas, el Gobierno revisará en el último Consejo de Ministros de febrero las tasas judiciales y acordará eliminar las que afectan a las personas físicas. La decisión llega después de que el presidente, Mariano Rajoy, lo anunciara en el debate sobre el Estado de la Nación.
Adelanta El Confidencial la información y señala que, de esta manera, el ministro de Justicia, Rafael Català, cumple con una de sus promesas: revisar estos pagos, tal y como se había reclamado desde algunos sectores de la judicatura, ya que estaban provocando un perjuicio considerable para algunos sectores de la población. Recuerda el medio que desde el Consejo General de la Abogacía Española, se ha calificado a estas tasas en reiteradas ocasiones de inconstitucionales; este organismo ha sido quién ha plantado más batalla al Estado para que se retiraran estas tasas.
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Así, se dará marcha atrás a una de las medidas estrella de quien fuera ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y se procederá a retirar el pago de tasas para las personas físicas, aunque se mantendrá para empresas, es decir, personas jurídicas. La decisión se hará efectiva en cuanto se publique en el Boletín Oficial del Estado.
MAS DE 500 MILLONES Y RESOLUCIONES DEL TC
Las principales críticas a estos impuestos judiciales han sido que han provocado una merma en el acceso a la Justicia de los individuos. En su momento, también causó malestar la celeridad con la que se implantaron las tasas, que impidió analizar su impacto con cuidado, y que no se tuviera en cuenta la opinión de distintos sectores judiciales.
Reclaman reinvertir las ganancias en mejoras de la justicia
Alrededor de 500 millones de euros se han recaudado en estos años, que la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) ha reclamado que los invierta en mejoras de la justicia.
Por otra parte, el Tribunal Constitucional (TC) tiene varios recursos también sobre las “tasas Gallardón”. Ahora deberá decidir sobre las que quedan pendientes. El Alto Tribunal también debía tomar una resolución sobre otra de las normas de la etapa del anterior ministro de Justicia: la ley sobre el aborto que le costó el cargo a Gallardón.
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