- Demandarán al republicano por haber violado las cláusulas anticorrupción de la Constitución
Nuevo frente con la ley abierto contra el presidente de EEUU, Donald Trump. Cuando parece que el escándalo del ‘Rusiagate’ afloja, después de que el ex director del FBI, James Comey, no acusara directamente el republicano de interferir en una investigación federal, Trump podría enfrentarse ahora a una demanda por corrupción. Los fiscales generales de Washington DC y Maryland lo denunciarán este mismo lunes por aceptar millones de dólares de Gobiernos extranjeros en pagos a sus empresas, según ha adelantado el Washington Post.
Los dos fiscales generales, ambos demócratas, basarán su demanda en que esos "millones en pagos y beneficios de Gobiernos extranjeros" los ha recibido desde que se mudó a la Casa Blanca y teniendo en cuenta que optó "conservar la propiedad de su compañía" tras asumir el cargo. Alegarán, así que ha violado las cláusulas anticorrupción de la Constitución, recogen varias agencias de noticias.
Explican también que el presidente transfirió el control de su conglomerado empresarial a sus dos hijos adultos varones, Donald Jr. y Eric, para evitar posibles conflictos de intereses durante el tiempo en que ocupe la Presidencia.
Sin embargo, el fiscal general de DC Karl A. Racine y el fiscal general de Maryland Brian Frosh consideran que Trump "ha roto muchas promesas de mantener separado su deber público de sus intereses de negocios privados, incluyendo el recibir actualizaciones regulares sobre la salud financiera de la compañía", informa Efe.
PASOS A SEGUIR CONTRA TRUMP
Explica la agencia que los fiscales presentarán su demanda ante un juez federal que, a su vez, deberá decidir si el caso procede. Si la querella supera este trámite, según explicaron los fiscales de Washington y Maryland al Post, uno de los primeros pasos sería pedir copias de las declaraciones fiscales de Trump, que se ha negado a hacer públicas hasta ahora, para conocer hasta dónde llegan sus tratos de negocios en el extranjero.
El paso final, según han señalado los mismos fiscales se daría muy probablemente ante el Tribunal Supremo, con los abogados de Trump obligados a defender por qué las declaraciones fiscales del presidente deben seguir siendo privadas.
