- 'Un gesto de este tipo, cuando aún hay tiempo para buscar un consenso amplio, le honraría como mandatario'
Este jueves por la mañana, Rajoy intentaba tomar la iniciativa tras haber renunciado a ella desde las elecciones del 20D –y tras haber lanzado incomprensibles críticas subrepticias contra el Rey por haber ofrecido a Sánchez la investidura-, y presentaba a Albert Rivera un programa en cinco pactos, uno de los cuales se refería a la lucha contra la corrupción.
En estas circunstancias, el PP no puede pretender aliarse con otras formaciones políticas en una tarea de gobierno porque su vicisitudes policiales y judiciales arrastrarían la coalición a las profundidades del abismo.
También el jueves, ya por la tarde, muy pocas horas después de aquella reunión, la guardia civil irrumpía una vez más en la sede del PP de la calle Génova, a buscar ramificaciones de la trama Púnica que afecta a la financiación del PP madrileño, presidido desde hace más de una década por Esperanza Aguirre. Evidentemente, la noticia saltaba a los medios con el imaginable ruido, y el anuncio de Rajoy, desacreditado, se perdía para siempre en las páginas interiores de los periódicos.
El caso que investigaban las fuerzas de seguridad del Estado proporcionaba además la ocasión de conocer que uno de los buscados por la guardia civil era Beltrán Gutiérrez Moliner, exgerente del PP, imputado por haber utilizado una de las tarjetas black de Caja Madrid, pero todavía con despacho en Génova. La razón que el PP daba a esta insoportable continuidad en las tareas administrativas del partido de un personaje procesado por corrupción ha sido que Gutiérrez Moliner es 'funcionario' del partido. ¿Desde cuándo los partidos políticos tienen ‘funcionarios’? Los empleados del PP son trabajadores por cuenta ajena, y después de la reforma laboral del propio PP pueden ser despedidos con la consiguiente indemnización. La trampa semántica no se tiene en pie.
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En definitiva, desde el 20D Rajoy se ha visto envuelto en el ‘caso Imelsa’ de corrupción valenciana, un episodio sistémico en el que han sido ya investigados más de 80 cargos del PP, que ha obligado a disolver el PP de la capital y a nombrar una gestora (en Valencia, los tres últimos presidentes de las tres diputaciones han estado o están en la cárcel). En el caso Acuamed, de inversiones de obras públicas en el Levante, en el que se han visto implicados varios altos cargos y señalados algunos más todavía más encumbrados; se está celebrando el juicio por el ‘caso Nóos’, que afecta a un exministro y expresidente de comunidad autónoma del PP, y que es un dechado de indecencia en todos sentidos; se está sustanciando el caso del borrado de discos duros de Bárcenas en los ordenadores de Génova, tan sospechoso; y acaban de saltar varios flecos del caso Púnica: además del mencionado que ha provocado la visita de la guardia civil a Génova, “El Confidencial” acaba de informar de que un informe pericial realizado por Podemos ha descubierto una gigantesca red de más de 400 páginas web, blogs y portales de información creados por el Partido Popular para mejorar la imagen y reputación online de sus dirigentes y desacreditar a los líderes de los principales partidos de la oposición.
Este magma de corrupción es descalificante, ya que, como ha dicho tajantemente hoy mismo Albert Rivera en un desayuno político, quien no es capaz de guardar su propia casa, mal podrá guardar la de todos. En estas circunstancias, el PP no puede pretender aliarse con otras formaciones políticas en una tarea de gobierno porque su vicisitudes policiales y judiciales arrastrarían la coalición a las profundidades del abismo. El PP tiene que recuperarse de esta situación preagónica, por respeto a sus votantes y a sí mismo, y ha de facilitar la gobernabilidad a las otras dos formaciones templadas del espectro parea que los equilibrios futuros no queden en manos del grupo más radical. Naturalmente, el PP deberá participar con toda intensidad en las importante reformas pendientes, pero no puede pretender encontrar apoyos para continuar al frente del gobierno.
Posiblemente, debido al contexto, una posible salida honrosa sería dimitir tras su encuentro con Pedro Sánchez. Si Sánchez le reitera su negativa a pactar con él, posiblemente la única salida que le deja es asumir como propio el famoso principio de “ser parte de la solución y no el problema” y anunciar su retirada para minimizar cualquier justificación de pacto con una fuerza del calibre de Podemos y, al mismo tiempo, para permitir a su partido que siga en la carrera por la gobernabilidad. Un gesto de este tipo, cuando aún hay tiempo para buscar un consenso amplio, le honraría como mandatario y revitalizaría u ampliaría el intento de consenso de las fuerzas constitucionalistas.
Antonio Papell
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