Añaden que la operación de ampliación de capital fracasó porque la andaluza no cumplió con las condiciones económicas pactadas

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

Las acusaciones del juicio que se sigue en la Audiencia Nacional contra la excúpula de Abengoa por las indemnizaciones millonarias concedidas al expresidente Felipe Benjumea y su segundo Manuel Sánchez Ortega han vinculado su salida de la multinacional andaluza a la mala situación financiera de la misma y han expuesto que no se trató de casualidades sino de evidencias "como casas".

En esta nueva sesión de juicio que se retoma tras casi un mes de parón, las representaciones procesales de los perjudicados por el desplome de la compañía han expuesto que los cinco acusados por administración desleal aludieron a todo un listado de "incongruencias" durante su declaración ante el tribunal que no son "casualidades" sino "evidencias de que la versión de los hechos no se corresponde con la realidad".

Así lo ha explicado el letrado que defiende a la Plataforma de Perjudicados por Abengoa, que ha asegurado que "por mucho maquillaje" que añada la excúpula a la deriva de la empresa, que en noviembre de 2015 se acogió a preconcurso de acreedores, "la foto ofrece una imagen bastante elocuente".

"El Abengoa de hoy no tiene nada que ver con el Abengoa del momento", ha dicho el letrado que ha cuestionado el cobro de unas indemnizaciones de 11,5 y de 4,5 millones de euros del expresidente Benjumea y Sánchez Ortega, respectivamente, tras su salida de la compañía en 2015 y que a juicio del Ministerio Fiscal los percibieron sin cumplir los requisitos que se incluían en sus contratos de alta dirección de febrero de ese mismo año.

"HECHOS Y CONSECUENCIAS"

En la misma línea se ha pronunciado el letrado de otra acusación que ha dicho que los mercados no creyeron que la ampliación de capital de 650 millones que iban a efectuar Banco Santander y HSBC dependiera exclusivamente de que se produjeran cambios corporativos en el gobierno de la mayor empresa de energía renovable en España.

"Hay relación directa entre los hechos y las consecuencias y son las indemnizaciones", ha dicho el letrado en referencia a Benjumea y al que fuera consejero delegado del grupo que se enfrentan a cinco años y cuatro años y tres meses de cárcel, respectivamente. Para los otros tres acusados miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones (Mercedes Gracia, Alicia Velarde y Antonio Fornieles) el fiscal del caso José Perals aumentó su petición de cárcel a cuatro años.

Sobre la presunta exigencia de las entidades bancarias de que el cese de Benjumea era condición necesaria para acceder a la operación, el letrado Felipe Izquierdo ha recordado que la banca no tenía "ningún poder" en el Consejo de Administración de la compañía andaluza y ha asegurado que la opinión de los consejeros era "tan insignificante" que incluso algunos de ellos no estuvieron en la sesión en la que se aprobó la renuncia del expresidente como consejero, en referencia al exconsejero de la empresa y exministro socialista Josep Borell, que declaró como testigo que delegó su voto porque tenía que estar en un acto en Cádiz.

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