Este miercóles la Comisión Europea (CE), dirigida por Ursula Von der Leyen, ha advertido al Estado húngaro por su polémica legislación que prohíbe hablar sobre la orientación sexual en escuelas y medios de comunicación. Ha acusado al Gobierno de Viktor Orbán de usar la protección a la infancia para discriminar a un colectivo vulnerable.
Según informa la agencia EFE, en el debate propuesto en la Eurocámara, la propia presidenta del Ejecutivo comunitario ha expuesto que esta legislación rompía con los valores fundamentales de la UE. Además, añadía que contaba con el respaldo de diferentes líderes europeos para utilizar todas las herramientas disponibles.
La CE ha asegurado que pondría en práctica el nuevo reglamento, el cual consiste en suspender los fondos europeos a los países mienbros donde se vulnere el Estado derecho. Además, ha anunciado que el próximo otoño ya habrá expedientes, estando Budapest en el punto de mira.
Paolo Gentiloni, comisario europeo de Economía, ha confirmado que está en conversaciones con el país húngaro para establecer unos compromisos antes de que el Gobierno de Orbán pueda acceder a los fondos de recuperación pospandemia, un total de 7.000 millones de euros.
Aprovechando este contrato financiero Von der Leyen ha señalado que para el desembolso de las ayudas exigirá el cumplimiento de ciertas condiciones. Ya en junio, Bruselas había enviado una carta a los comisarios de Justicia y de Mercado Interior para pedir explicaciones a Hungría, no solo por su ley antiLGTBI sino también por otras, como la ley de servicios audiovisuales.
De seguir en marcha esta legislación el CE iniciaría un procedimiento de infracción por violación de código comunitario, el cual podría acabar en una denuncia a Hungría ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en multas económicas.
