Bruselas está trabajando para superar la resistencia de tres estados miembros de la Unión Europea (UE) que se oponen al acuerdo internacional alcanzado la semana pasada para reescribir las normas del Impuesto de Sociedades.
Es probable que la UE necesite el respaldo unánime de los Estados miembros para poder adoptar la propuesta de reformulación de las normas mundiales sobre el impuesto de sociedades acordada por la OCDE la semana pasada.
Sin embargo, Irlanda, Hungría y Estonia se han negado hasta ahora a firmar el acuerdo global, lo que ha provocado un enfrentamiento interno con los países miembros más grandes.
El principal, pero no único, punto de discrepancia de los 'holdouts' gira en torno al tipo impositivo mínimo del 15% propuesto por la OCDE.
Irlanda ha dicho que está "comprometida con el proceso" y quiere encontrar un resultado que Dublín pueda apoyar, pero ha expresado sus reservas sobre la propuesta.
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Hungría también ha dicho que el tipo mínimo "obstaculizaría el crecimiento económico". Además, junto a Estonia, ha argumentado que la propuesta actual viola la legislación de la UE, ya que exige a los países en los que tienen su sede las grandes empresas que apliquen ese tipo impositivo mínimo a las filiales situadas en jurisdicciones de menor imposición.
Han afirmado que la norma contravendría una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 2006 que afectaba a la empresa de confitería Cadbury Schweppes. La sentencia dice que basar las filiales de las multinacionales en regímenes fiscales inferiores no constituye una evasión fiscal.
"La sentencia del TJCE sobre Cadbury Schweppes muestra claramente que este tipo de legislaciones no deberían existir según el régimen jurídico actual", ha afirmado Helen Pahapill, vicesecretaria general de Asuntos Fiscales de Estonia.
La oposición en el seno de la UE plantea un enfrentamiento entre los Estados miembros más pequeños y los más grandes, los cuales deben estar todos de acuerdo para que la propuesta de la OCDE se convierta en legislación comunitaria.
El pacto consta de dos elementos principales: un tipo impositivo efectivo mínimo del 15% para las multinacionales, conocido como pilar 2; y el pilar 1, que redistribuiría los beneficios obtenidos por las 100 mayores empresas a los domicilios donde realizan sus ventas.
"Los países más pequeños de la UE han planteado dudas sobre la legalidad del pilar 2 según la legislación comunitaria", ha añadido Pahapill.
La UE quiere ganarse a los reticentes en los próximos meses, antes de la fecha límite de octubre para un acuerdo de la OCDE.
Funcionarios cercanos a la negociación han dicho que el diseño del impuesto mínimo global se había discutido con el departamento jurídico de la Comisión Europea y que confiaban en que fuera compatible con la legislación de la UE.
Polonia también había expresado sus reservas sobre la propuesta, alegando que socavaría el crecimiento económico. Sin embargo, la semana pasada Varsovia se inclinó por apoyar el acuerdo de la OCDE.
Tadeusz Koscinski, ministro de Economía polaco, ha declarado al Financial Times que su país había decidido respaldar el acuerdo tras la inclusión de una excepción para las actividades empresariales importantes, que no existía antes en las negociaciones.
"Tenemos que tener instrumentos para incentivar a las empresas a instalarse en Polonia y uno de ellos es nuestro régimen fiscal nacional", ha dicho.
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"No me interesa que las empresas de Francia o Alemania vengan a Polonia para vender de nuevo a Francia y Alemania y transferir los beneficios a Polonia", ha añadido Koscinski. "Pero sí estoy a favor de que vengan a Polonia para ayudarnos a desarrollar nuestra capacidad de innovación y a vender en el mercado local y en terceros mercados. Eso hay que tenerlo en cuenta en un impuesto global mínimo".
Aunque ese obstáculo ya se ha superado, al menos en el caso de Polonia, otra complicación es un impuesto europeo previsto sobre los servicios digitales.
Con la oposición de Washington, ya que se dirige en gran medida a las grandes empresas tecnológicas estadounidenses, se espera de todos modos que Bruselas publique su propuesta a finales de este mes.
Los líderes de la UE encargaron a la Comisión el pasado mes de julio la elaboración de la tasa, parte de la cual se utilizaría para amortizar los préstamos acumulados en el marco de su plan de recuperación de la UE de próxima generación, dotado con 800.000 millones de euros.
El Parlamento Europeo está especialmente interesado en la introducción de nuevas fuentes de ingresos asignadas a la Comisión, como la tasa digital. El anterior intento de la UE de crear un impuesto tecnológico fracasó en 2019, pero la idea se reactivó cuando la administración Trump puso obstáculos a un proceso internacional.
La Comisión dice que el nuevo impuesto se aplicaría a cientos de empresas, la mayoría de ellas europeas, y que complementaría el acuerdo fiscal global, en lugar de chocar con él.
Pero la UE se enfrenta a la presión de Estados Unidos para retrasar la idea, dado que el acuerdo global sobre el impuesto de sociedades pretende sustituir a los impuestos digitales nacionales.
En un reciente documento enviado a los diplomáticos de la UE, Washington afirma que proponer ahora la tasa corre el riesgo de "descarrilar por completo" las negociaciones fiscales, dada la delicada coyuntura de las conversaciones.
Pascal Saint-Amans, jefe de administración fiscal de la OCDE, ha afirmado que "hay una dinámica en las conversaciones y tenemos la esperanza de que todos los países se sumen finalmente al acuerdo".
