El nuevo impuesto a las grandes empresas digitales presentado este viernes por la ministra de Hacienda María Jesús Montero ha sido muy mal recibido en el sector, que anticipa problemas también para las pymes y duda de la efectividad recaudatoria que espera el Gobierno.
La conocida como “tasa Google”, gravará con un 3% ciertas actividades digitales como la publicidad online, la intermediación en línea y la venta de datos a las empresas que tengan un cifra de negocios superior a los 750 millones de euros a nivel mundial y unos ingresos de más de 3 millones en España. El Gobierno espera obtener 1.200 millones de euros con este impuesto.
Aunque estas condiciones harían que solo grandes multinacionales como Google, Facebook o Amazon se vieran directamente afectas por el impuesto, desde el sector de la economía digital se teme que pueda tener repercusiones para el resto de empresas y que dañe el funcionamiento general del ramo.
“El objetivo del impuesto es claramente ir contra las grandes empresas, pero se va a llevar por delante a otras muchas y va a generar un desincentivo clarísimo para crecer a las pymes”, declara José Luis Zimmermann, director de la Asociación Española Economía Digital, que representa a las principales empresas del sector.
“Va a hacer trizas a muchos modelos de negocio con márgenes muy estrechos como los ‘market place’ y va a generar distorsiones en el mercado al gravar solo a unas empresas y a otras no”, añade Zimmermann.
UN CAMPO DE PRUEBAS EN EUROPA
La tasa Google que plantea el Gobierno es en realidad un calco de la propuesta que se está debatiendo a nivel europeo, sobre la que aún no se ha conseguido un consenso entre los Estados Miembro de la UE. El Gobierno opta así por adelantarse y convertir a España en un campo de pruebas para el funcionamiento de esta tasa, lo que podría generar problemas al romper el marco regulatorio común para las empresas digitales en la UE.
Irlanda y Luxemburgo fueron obligadas por la Comisión a recuperar cientos de millones en impuestos no cobrados a Apple y Amazon al considerar que habían incurrido en beneficios fiscales ilegales. El caso de España sería el opuesto, al presentarse como un escenario menos apetecible para las empresas tecnológicas debido a su elevada fiscalidad.
“España va a perder competitividad al ser el único país de la UE que tenga este impuesto y además va a generar una inseguridad jurídica que va a desincentivar inversiones en el sector”, declara Pako Rodríguez, consultor en economía colaborativa y fundador del blog ‘startupscolaborativas.com’.
“Es un impuesto muy peligroso y una de las consecuencias podría ser una subida de precios que acabe afectando a los usuarios y a las pequeñas empresas”, opina Rodríguez.
La Asociación Española de Startups opina, en la misma línea, que ”una tasa de este tipo va a afectar de manera negativa a todos los procesos de inversión en el ecosistema español de emprendimiento y digitalización”.
ELUSIÓN FISCAL Y “ECONOMÍA COLABORATIVA”
El Gobierno ha argumentado que con este impuesto trata de adaptar la tributación a los nuevos modelos de negocio digital y adecuarlo a la economía del siglo XXI. La ministra Montero declaró el viernes que el objetivo de este gravamen es “propiciar que las empresas tributen allí donde generan beneficios” evitando que ejerzan una “competencia desleal”.
Montero hacía así referencia de manera indirecta a la práctica de elusión fiscal, por la que multinacionales trasladan a sus subsidiarias instaladas en los países con menos fiscalidad buena parte de sus ingresos. Una suerte de ingeniería fiscal atribuida a empresas como Uber o Airbnb, catalogadas habitualmente como “economía colaborativa” y que aún no está claro que vayan a verse afectadas por este nuevo impuesto.
“La idea de la tasa digital proviene de la directiva de copyright de la Unión Europea de 2014 cuyo fundamento era retribuir los derechos de autor”, explica Rosa Guirado, abogada, economista y fundadora de la web legalsharing.eu. “Por lo tanto no tendría sentido aplicarla a empresas de economía colaborativa, que nada tienen que ver con derechos de autor”.
El impuesto forma parte de un anteproyecto de ley contra el fraude fiscal que tendrá que ser ahora refrendado en el Congreso. Al apoyo ya concertado de Unidos Podemos, el Ejecutivo necesitará sumar los votos de otras formaciones. El Partido Popular ya trató de implementar un impuesto similar en mayo, que se vio interrumpido por el cambio de Gobierno. Ciudadanos, por su parte, fue el primero en proponer esta tasa mediante una proposición no de ley en febrero de este año.
En el contexto actual, no se puede garantizar que estos partidos vayan a seguir manteniendo su apoyo a la tasa Google y habrá que esperar a su tramitación en el Congreso para ver si el Gobierno cuenta con los apoyos necesarios para implementarlo.
