Los letrados judiciales piden al Gobierno reconocer su labor "en defensa de legalidad y Estado de Derecho" en Cataluña

Así lo han expuesto en las conclusiones de las XXXII Jornadas de la Fe Pública Judicial, celebradas en Córdoba desde el miércoles, donde han pedido que "muy especialmente" que el Ministerio de Justicia "ampare" a la compañera del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona por "los ataques y desaires padecidos con ocasión del ejercicio de sus funciones como autoridad pública en las entradas y registro practicadas el día 1 de octubre".

Igualmente, según ha informado el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia en una nota, los letrados judiciales son y deben seguir siendo "un cuerpo nacional dependiente del Ministerio de Justicia", de modo que rechazan de plano cualquier pretensión dirigida a modificar su dependencia, "pues significaría el desmantelamiento de la justicia y un grave ataque a la propia independencia del poder judicial como poder del Estado, cuya Administración de Justicia sostenemos".

Asimismo, han mostrado su "total indignación por los apercibimientos legales realizados por los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de Murcia y Madrid a los secretarios de Gobierno, jefes de todos los letrados judiciales de sus respectivas comunidades autónomas y que en todo momento actuaron en virtud de la dependencia jerárquica que se deben al Ministerio de Justicia, con motivo de la huelga de los jueces del 22 de mayo".

Al respecto, han apuntado que "el poder judicial dispone de sus propias estructuras de gobierno ordenadas jerárquicamente, y a ellos compete cualquier decisión o injerencia que afectaría a esa independencia, recabando directamente los datos de seguimiento de la huelga de los jueces decanos o presidentes de las audiencias provinciales".

De nuevo, han reclamado "la implantación de la Nueva Oficina Judicial en todo el territorio nacional, respetando los parámetros y principios de la LOPJ de 2003", así como su "exclusiva dirección, por los magníficos resultados que está ofreciendo", al tiempo que han rechazado "expresamente cualquier intento de implantar nuevamente la superior dirección de los jueces en la oficina judicial".

Por otra parte, han demandado "la necesidad de contar con medios humanos, materiales y tecnológicos adecuados, haciendo especial mención a la multitud de aplicaciones desconectadas entre sí, y muy especialmente a la estadística judicial, que debe abandonar decididamente la extracción manual".

CONVOCAR OPOSICIONES DE 250 PLAZAS

En otro orden de cosas, los letrados judiciales han insistido en "la necesidad de una adecuada convocatoria de oposiciones de al menos 250 plazas al año, teniendo en cuenta que en la actualidad hay 600 vacantes en el cuerpo, habiéndose incrementado notablemente el número de jueces en todo el territorio nacional".

Además, han remarcado que son "los funcionarios competentes para ejecutar las resoluciones judiciales", a lo que han agregado que "frente a las pretensiones de otros operadores jurídicos", piden "la gratuidad total del servicio público de la administración de justicia".

En este punto, han indicado que "para la mejora de los tiempos de respuesta en la resolución de las ejecuciones son necesarios cambios legislativos que permitan agilizar la ejecución, mejorar los medios tecnológicos y sobre todo programar una gestión de los medios personales que permita que los funcionarios que accedan a las dependencias judiciales sean titulares y en caso de nombramiento de funcionarios interinos que reciban formación antes de tomar posesión en la oficina judicial".

También, han recordado que el día 25 de mayo entró en vigor el Reglamento Europeo de Protección de Datos y "hasta el día de hoy por parte de los responsables del Ministerio de Justicia, comunidades autónomas y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no se ha remitido un protocolo de actuación que permita a los letrados judiciales dar cumplimiento en los juzgados y tribunales de los postulados del Reglamento".

"EL PEOR PAGADO"

Y han subrayado que "el cuerpo superior jurídico de letrados de la administración de justicia pasa por ser el peor pagado comparativamente con otros cuerpos superiores de la misma administración, teniendo en cuenta el gran número de competencias que han sido asumidas por la reforma de distintas leyes procesales".

Ante ello, ven "inasumible que funcionarios que acceden al cuerpo superior jurídico de letrados judiciales con una oposición tan exigente como la de los jueces y fiscales perciban un sueldo de entre 1.400-1.600 euros al mes".

"Esta circunstancia, injusta a todas luces por el trabajo desarrollado, debe tener su fin", según han exigido los letrados judiciales, que han demandado en este caso al nuevo Gobierno de la Nación que "subsane esta desigualdad y adecue las retribuciones a nuestra naturaleza profesional y los resultados que nuestro trabajo otorgan a la sociedad".