MADRID, 29 (EUROPA PRESS)
El Defensor del Pueblo ha documentado otro vuelo de deportación --el segundo en el mes de enero--- con destino a Mauritania de ciudadanos de origen subsahariano, sobre todo malienses en cuyo país existe un conflicto bélico. Fueron repatriadas 42 personas que estaban internas en Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) ubicados en las Islas Canarias, de las cuales solo una tenía nacionalidad mauritana, 38 maliense, y tres senegalesa.
La institución, que ejerce la función de Mecanismo Nacional de prevención de la Tortura, identificó el pasado lunes, 27 de enero, un operativo de repatriación de la Agencia Europea de Fronteras (Frontex) desde los CIE. La plataforma 'Stopdeportación' alertó previamente de esta operación a través de las redes sociales.
Este fue el segundo vuelo de repatriación documentado en el mes de enero de 2020, ya que el pasado 20 de enero hubo otro que partió del aeropuerto de Gran Canaria a Nuadibú (Mauritania).
El del pasado día 27 de enero salió del aeropuerto de Tenerife norte hacia esta ciudad mauritana, fue inspeccionado por una técnica del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) y un técnico externo médico forense.
42 PERSONAS REPATRIADAS A MAURITANIA, SOLO UNO CON ESA NACIONALIDAD
Supervisaron tanto el embarque en el aeropuerto de Tenerife Norte de las 42 personas extranjeras que iban a ser repatriadas, así como la entrega a las autoridades de Mauritania en el aeropuerto de destino. Según informa el Defensor del Pueblo, de esas 42 personas repatriadas solo una tenía nacionalidad mauritana, 38 ciudadanos procedían de Malí, y otros tres de Senegal.
Examinaron también las condiciones del embarque en el avión, la documentación relativa a las devoluciones y los procedimientos seguidos durante el vuelo, si bien el Defensor del Pueblo informa que "no se pudo entrevistar a ninguna de las personas repatriadas por la escasa duración del vuelo".
Recientemente, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) ha rechazado la ejecución de estos vuelos de deportación a Mauritania. La entidad de la Iglesia denunció que el Gobierno español repatría a malienses a Mautitania, una práctica que supondría una forma de "devolución indirecta" a una región de conflicto y "contraviene" el principio de no devolución por ello.
El Defensor del Pueblo documentó cuatro vuelos de deportación de personas migrantes desde los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) de las Islas Canarias con dirección a Nuadibú (Mauritania) durante los último 7 meses. Precisamente en 2019 se produjo un considerable aumento de personas que llegan a Canarias en patera (se han duplicado con respecto a 2018).
SJM denuncia que mediante estos vuelos de deportación --sobre los que el Ministerio del Interior no ofrece información-- con destino Mauritania, se ha expulsado de España a ciudadanos malienses. Esto, según remarca la entidad citando la posición de ACNUR, "contraviene" el principio de no-devolución de personas a lugares de origen donde existe un conflicto armado, como es el caso de las regiones del norte y centro de Mali.
Estas personas serían susceptibles de necesidad de protección internacional, según la Convención de la Organización de Unidad Africana de 1969 que ratifica los criterios de refugio de la Convención de Ginebra de 1951.