MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
El Consejo de la Juventud de España (CJE) ha reclamado, en el marco del Día Universal de los Derechos de la Infancia, que se garanticen los derechos de asociación de las personas menores de 18 años, según ha comunicado la institución.
Así, el Consejo ha recordado que España reconoce, a través del artículo 15 de la Convención de Derechos del Niño de 1989, "los derechos del niño a la libertad de asociación y a la libertad de celebrar reuniones pacíficas". Este derecho, según recuerda la plataforma, también está recogido en el artículo 22 de la Constitución Española, así como en la a Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación (LODA), que, en el artículo 2.2, reconoce que éste "comprende la libertad de asociarse o crear asociaciones, sin necesidad de autorización previa".
Asimismo, el artículo 12 de la Convención de Derechos del Niño de 1989 establece además "el derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afecten al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez".
A pesar de ello, el Consejo ha denunciado que existen diversas limitaciones para los menores de edad a la hora de ejercer este derecho, debido, en primer lugar, a un criterio de edad, a la exigencia de contar con autorización y al pago de tasas administrativas para la creación y registro de asociaciones.
Según el CJE, todas estas limitaciones se deben a "la falta de conocimiento y formación sobre el derechos de participación infantil, la ausencia de fomento del mismo y la estigmatización existente socialmente sobre esta participación, cayendo en la sobreprotección, desconfianza y en la percepción de que las opiniones de las personas menores carecen de contenido y lógica".
Por ello, el Consejo ha reclamado, por un lado, la modificación de la LODA y de toda la legislación vigente que suponga una restricción en el ejercicio del derecho de asociación por parte de las personas menores de 18 años; la regulación normativa de la asociaciones infantiles y estudiantiles en todo el Estado español; y por último, que todos los desarrollos normativos se lleven a cabo contando con el diálogo y participación de las organizaciones infantiles, juveniles y estudiantes.