MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El Congreso ha retomado sus trabajos de reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para garantizar el voto de personas con discapacidad con el objetivo de que se apruebe en el Pleno de la Cámara a mediados de octubre.

Fuentes parlamentarias han explicado a Europa Press que el debate y votación del texto en la Comisión Constitucional "se espera" para el próximo 10 de octubre, lo que permitirá que la reforma se pueda debatir en sesión plenaria a la semana siguiente.

Culminaría así el trabajo en el Congreso de esta ley que empezó su tramitación el pasado noviembre. En ella se propone la modificación del artículo 3 de la LOREG eliminando los apartados que establecen que carecen de derecho de sufragio "los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial firme" y "los internados en un hospital psiquiátrico con autorización judicial".

Además, recoge una disposición adicional según la cual, a partir de la entrada en vigor de esta modificación para adaptarla a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, queden "sin efecto las limitaciones en el ejercicio del derecho de sufragio establecidas por decisión judicial fundamentadas jurídicamente" en los apartados suprimidos.

LA MESA RECHAZA CONSULTAR AL CGPJ

Con esta nueva redacción llegaría el texto a votación en la Comisión Constitucional y sin la inclusión de la enmienda presentada por el PP, en la que proponían que las personas con discapacidad dictaminada por una sentencia judicial firme, y que determine "expresamente la falta de capacidad para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo", no puedan ser votadas para ocupar un cargo electo.

Las mismas fuentes han explicado que ha sido el rechazo a esta iniciativa lo que ha llevado al PP a solicitar, a través de la Mesa del Congreso, un informe al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre esta reforma.

La solicitud ha sido rechazada por el órgano de gobierno de la Cámara con los votos de PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, que consideran esta solicitud como una forma de retrasar la aprobación del texto.

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