MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
La Asociación Española de Abogados Cristianos ha interpuesto una querella ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, por un presunto delito cometido por funcionario público contra los derechos individuales, contemplado en el artículo 542 del Código Penal, por recurrir el 'pin parental' implantado en los centros educativos de la Región de Murcia a principios de curso.
La organización de juristas considera que la postura de Celaá respecto al 'pin parental' "viola el artículo 27.3 de la Constitución que establece que 'los poderes públicos deben garantizar el derecho de los padres a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones'.
Asimismo, dicen que vulnera "el artículo 16.1 de la carta magna que establece 'el derecho a la libertad ideológica, religiosa y de culto'; y el artículo 39.3 que establece 'el deber de los padres de prestar asistencia en todo a sus hijos'".
Además, afirman que la titular de Educación, con su posición en contra del 'pin parental', "está actuando en contra del Convenio Europeo de Derechos Humanos" que establece que "el Estado, en el ejercicio de las funciones que asuma en el campo de la educación de la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas".
La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha tachado de "inadmisible que la ministra asegure que los hijos no pertenecen a los padres o que intente prohibir el 'pin parental', algo que debería ser un derecho de todos los padres".
Además, Castellanos ha anunciado que la asociación de Abogados Cristianos "se personará en el procedimiento judicial iniciado por Celaá contra el gobierno de Murcia por la instauración del 'pin parental'".