La reforma del Código Penal en el Congreso incorpora algunas de las medidas contra la corrupción que ha impulsado el Gobierno. Así, incorporará 17 delitos que afectan a la función pública, es decir, funcionarios y autoridades políticas.
Las enmiendas más importantes afectan a los funcionarios, a la recuperación de activos robados y a la financiación de los partidos políticos. Se incrementa también la duración de las penas de inhabilitación, además de impedir que durante el tiempo que dure la condena se pueda optar a un cargo electo. En los supuestos más graves, la inhabilitación será de diez años y los delitos no prescribirán hasta pasados quince años.
PENAS DE HASTA SEIS AÑOS DE PRISIÓN
Según las enmiendas sobre la función pública que se han incluido en la reforma, “a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de siete a diez años”.
Los funcionarios públicos que comentan las irregularidades tipificadas en el nuevo Código Penal se enfrentarán a penas de prisión de entre uno y cuatro años, multas de doce a cuatro meses e inhabilitación. Otra novedad es el delito para quien influya en otro funcionario valiéndose de su cargo o de su relación personal para conseguir un beneficio económico.
En cuanto a la apropiación de patrimonio público, se castigará con una pena de prisión de entre dos y seis años, además de quedar inhabilitados para cargo o empleo público. Asimismo, se incluye una nueva regulación para facilitar la recuperación de activos. Para ello, se creará la Oficina de Gestión y Recuperación de Activos.
El Gobierno estará obligado a enviar al Congreso cada seis meses un informe sobre la concesión y denegación de indultos, que irá acompañado por una comparecencia semestral del ministro de Justicia, Rafael Catalá.
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