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El Tribunal Constitucional ha aprobado la admisión a trámite del recurso del Gobierno contra la consulta ciudadana sobre las prospecciones petrolíferas en Canarias planteada por el ejecutivo regional.

La admisión supone la suspensión de la consulta en aplicación del artículo 162.1 de la Constitución, si bien esta medida carecería de virtualidad pese a ser adoptada puesto que el Ejecutivo Autonómico ya decidió suspender cautelarmente el sondeo en espera de conocer la posición del Constitucional.

En concreto, el Ejecutivo ha impugnado los dos decretos del Ejecutivo de Canarias a través de los cuales se pretende celebrar una consulta en esa comunidad para saber si los ciudadanos aceptan o no las prospecciones de petróleo frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura.

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LOS DECRETOS DE CANARIAS

El Ejecutivo canario aprobó en septiembre el decreto que regula la organización y funcionamiento del Registro de Participación Ciudadana y el decreto que regula las consultas a la ciudadanía en asuntos de interés general para el archipiélago. Estos documentos configuran el marco jurídico necesario para convocar consultas ciudadanas para asuntos que sean competencia de la Comunidad Autónoma.

Posteriormente, al conocer la decisión del Gobierno de impugnar la consulta, el gobierno canario decidió paralizar cautelarmente esta consulta que ha tenido una fuerte oposición social.


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