• La Fiscalía ultima la redacción de la querella

Los portavoces de los grupos parlamentarios de CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP ha enviado una carta al Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, declarándose "los mandantes y coautores de las acciones que se imputen a los miembros del Gobierno de la Generalitat derivadas de la organización y ejecución” del 9-N. La Fiscalía sigue trabajando en la querella y prevé centrarla en los delitos de desobediencia y prevaricación.

Los grupos soberanistas han hecho llegar una misiva en la que recuerdan a Torres-Dulce que el Parlament aprobó una moción la semana pasada donde asumía "de forma solemne y colectiva todas las consecuencias que se pudieran derivar" del proceso participativo. El texto avalado por la cámara catalana rechazaba frontalmente cualquier intento de exigencia de responsabilidad por vía judicial. La intención de los grupos parlamentarios es hacerse responsable de los mismos hechos que se imputan al president de la Generalitat, Artur Mas, la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, y la consellera de Ensenyament, Irene Rigau.

LA QUERELLA TOMA FORMA

Informa La Vanguardia que la Fiscalía está trabajando en el texto de la querella que se centraría en los delitos de desobediencia y prevaricación. Al parecer, si bien la Junta de Fiscales sostuvo su apoyo a Torres-Dulce para tirarla adelante, no quedó tan claro que todos estuvieran de acuerdo en que se pudiera acusar a los tres querellados de todos los delitos. De hecho, explica el rotativo que algunos propusieron concentrar el objeto de la misma en Artur Mas.

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En resumidas cuentas, el peso de la argumentación se concentraría en estos dos tipos penales, mientras que los de malversación de caudales públicos y usurpación de funciones no van a desaparecer de la querella, pero se notará probablemente que se sostiene su existencia con menos convicción.

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