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Bankia ha recibido hasta ahora 2.424 demandas por su salida a Bolsa en 2011, por una cuantía total reclamada que alcanza los 70 millones de euros.

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Una parte sustancial de los inversores minoristas que participaron en la oferta pública de suscripción de Bankia en su salida a Bolsa en junio de 2011 ha presentado demandas civiles. En total, hay 2.424 demandas hasta la fecha, que reclaman unos 70 millones de euros. Así lo ha confirmado este martes Fernando Restoy, subgobernador del Banco de España y presidente del Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB), en una comparecencia ante el Congreso, informa Europa Press.

De todas estas demandas, se han resuelto ya 236, y en el 85% de los casos la sentencia ha sido favorable al usuario y contraria a la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri. Como máximo, según la información de Europa Press, BFA-Bankia estima que tendrá que pagar en torno a 780 millones de euros por las demandas civiles.

“El volumen de reclamaciones y pleitos civiles de clientes relacionados con la OPS ha aumentado en los últimos meses”, ha reconocido en el Congreso el subgobernador del Banco de España. Asimismo, ha precisado que de momento todas las denuncias han provenido de clientes minoristas, y ninguna de los inversores institucionales.

El volumen de reclamaciones y pleitos civiles de clientes relacionados con la OPS ha aumentado en los últimos meses

REPARTO DE RESPONSABILIDAD

El presidente del FROB también ha explicado por qué se ha repartido el coste de las posibles responsabilidades por la salida a Bolsa entre BFA y Bankia. Bankia presentó al FROB “diversos dictámenes jurídicos” que señalaban la posibilidad de que una denuncia de la entidad contra BFA prosperara, una perspectiva que confirmó también el Servicio Jurídico del Estado, ha señalado Fernando Restoy.

Por eso, el FROB acordó permitir al Consejo de Administración de BFA llegar a un acuerdo de reparto de las contingencias, limitando así eventuales reclamaciones entre ambas entidades.

No obstante, el Fondo “impuso” algunas “restricciones” a dicho acuerdo: no podría suponer nuevas inyecciones de fondos públicos, las consecuencias negativas para BFA debían quedar compensadas “en la medida de lo posible” por el reparto de dividendos de Bankia, sólo podía cubrir reclamaciones civiles y la matriz debía hacerse cargo únicamente de un tramo de segunda pérdida, “siendo la primera responsabilidad de Bankia” y hasta un máximo de 780 millones de euros.

Además, la entidad presidida por Goirigolzarri habría de “adoptar cuantas medidas fueran necesarias para minimizar el importe de las contingencias, incluyendo la reclamación frente a cualesquiera responsables en los hechos”, lo que incluye a administradores, directivos, empleados, aseguradoras o terceros que hubieran participado en la OPS.

Con estas condiciones, BFA y Bankia firmaron un convenio por el cual la entidad se haría cargo de un tramo de primera responsabilidad de hasta el 40% (312 millones) del importe de las reclamaciones, y la matriz asumiría lo que superara esa cantidad hasta un tope de 486 millones de euros. Ambas entidades han provisionado ya esas cantidades en sus cuentas de 2014.

“Creo sinceramente que este acuerdo es equilibrado y favorece la estabilidad de la entidad cotizada, lo que redunda en beneficio de su accionista de control, que no es otro que el Estado a través del FROB (que posee el 100% de BFA)”, ha añadido Restoy.

DEFIENDE EL RECURSO CONTRA EL INFORME DE LOS PERITOS

Por otra parte, el subgobernador del Banco de España también se ha referido a los procedimientos judiciales abiertos en la Audiencia Nacional por la salida a Bolsa de Bankia, que ha supuesto la presentación de una fianza de 800 millones de euros tanto por la entidad cotizada como por su matriz, cantidad que “se dirigirá contra los cuatro ex consejeros” a los que se “reclamará la parte que, en su caso pudiera corresponderles”.

La fianza de 800 millones se dirigirá contra los cuatro ex consejeros a los que se reclamará la parte que les corresponda

Restoy ha afirmado que el FROB, que se ha personado como parte perjudicada en el proceso, se ha guiado en todo momento “por los mismos principios que han inspirado su estrategia en el resto de causas en los que está o ha estado involucrado: la contribución al esclarecimiento de los hechos y la defensa del interés público”.

Además, ha reconocido que los peritos del Banco de España que presentaron sendos informes poniendo en duda las cuentas con las que Bankia salió a Bolsa actuaron “con independencia y siguiendo estrictamente criterios técnicos”, pero ha explicado que el FROB consideró que “algunas conclusiones centrales” de su análisis (particularmente los estados contables de la entidad y el proceso de formación del precio de las acciones emitidas) “no estaban suficientemente apoyadas por evidencias”.

Una conclusión a la que el FROB llegó tras analizar los datos aportados por su Comisión Rectora, por sus servicios técnicos, por un informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y por una consulta elevada al Banco de España, lo que motivó el recurso del FROB contra la fianza impuesta por el juez y las alegaciones a los informes de los peritos.

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