El Tribunal Supremo ha archivado este jueves la causa contra el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, por su reunión el pasado 20 de enero con Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, una persona que tiene prohibida su entrada en territorio europeo.
Desde el Tribunal alegan que esta "acreditada infracción" no es constitutiva de un delito de prevaricación imputable al ministro que la haya, en su caso, consentido, porque "las obligaciones derivadas de las decisiones PESC tienen una naturaleza esencialmente política" y "su incumplimiento implica la vulneración de una obligación en el ámbito de la política exterior de la Unión Europea".
"El control de su vigencia y su fiscalización incumbe al propio Consejo", añaden los magistrados, y no a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, a quien no le compete "el control del cumplimiento de las obligaciones" del Ejecutivo respecto a estas decisiones de política exterior.