El Gobierno de Pedro Sánchez se ha enrocado con el status de Gibraltar después de que se materialice el acuerdo de divorcio entre Reino Unido y la Unión Europea (UE). El jefe del Ejecutivo ha llegado incluso a amenazar con vetar el acuerdo para el Brexit que el Consejo Europeo debe adoptar este fin de semana, puesto que no se han introducido los cambios que el Ejecutivo español reclama para garantizar que tendrá poder de decisión sobre la relación futura de la UE con Gibraltar. Pero, sencillamente, no puede.
Para ratificar el documento de veintiséis páginas que May pactó con los estamentos europeos, España exige "claridad suficiente sobre las implicaciones" jurídicas y políticas del artículo 184, en el que se apunta que la UE y Reino Unido deberán negociar de manera "expeditiva" las condiciones de la nueva relación, sin mencionar la situación particular de Gibraltar. La 'premier' insiste por su parte en conceder a la colonia el mismo trato que al resto del Reino, mientras que Sánchez solo acepta que, en lo sucesivo, los aspectos tocantes al peñón se acuerden de forma bilateral entre ambos países y no con Bruselas como voz autorizada para la negociación.
Ni Sánchez ni sus ministros explican es que el domingo se vota una Declaración Política sin ningún efecto jurídico
"Si no hay cambios, vetaremos el Brexit", dejaba caer el presidente del Gobierno en Twitter en la madrugada del jueves. En la misma línea se ha expresado este viernes tras el Consejo de Ministros la portavoz y ministra de Educación y Formación Profesional del Gobierno de España, Isabel Celáa, que ha insistido en que "el Gobierno está decidido a mantener su posición". "El Gobierno tiene claro que debe quedar absolutamente garantizado que todo acuerdo de la Unión Europea con el Reino Unido requerirá el previo visto bueno de España" en lo relacionado con Gibraltar,
Lo que ni Sánchez ni sus ministros explican es que el domingo se vota una Declaración Política sin ningún efecto jurídico. Además, el procedimiento de salida impide que ningún país de la Unión pueda frenar de forma unilateral el proceso en ningún momento. No obstante, el Consejo Europeo, que reúne a los jefes de Estado y Gobierno, suele tomar sus decisiones por unanimidad, por lo que la negativa española dañaría la imagen de unidad de la UE que tanto se ha trabajado Bruselas y pondría en entredicho el texto.
Más adelante, el Tratado de salida será aprobado formalmente, y esto sí podría hacerse por mayoría cualificada reforzada de los 27, según el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea (20 Estados que representen el 65% de la población, en votación en el Consejo de la UE).
Un veto en solitario de España, por tanto, no serviría para nada en la votación última (y con validez legal) sobre el acuerdo de divorcio, pero sí tendría graves repercusiones diplomáticas. Otra cosa es que sea impensable que el acuerdo pueda aprobarse sin unanimidad, es decir, sin el consenso de España.
