Más allá de las loas a la Transición y del debate sobre su reforma, el 40 aniversario de la Constitución merece una reflexión sobre sus consecuencias económicas. Es innegable que la la restauración de la democracia liberal ha permitido el período de mayor crecimiento económico de la historia de España. Pero este éxito se ve empañado por algunos grandes lastres, sobre todo la inflación de administraciones, cargos y gasto público, y también la ineficacia para atajar la corrupción.
El éxito de la Constitución ha sido, sobre todo, la estabilidad. Ha permitido la existencia en España de una democracia equiparable a las del resto de Europa, en la que la alternancia de los dos grandes partidos en el poder no significaba la liquidación del régimen, sino el mantenimiento de sus reglas del juego. En economía, estas son la propiedad privada, la libertad de empresa y mercado, una fiscalidad progresiva y no confiscatoria, la negociación colectiva y la redistribución regional de la renta.
Como es bien sabido, para los actores económicos y para los mercados, la estabilidad es el valor más importante, lo que ha permitido la masiva afluencia de inversión extranjera en estos 40 años. Un factor imprescindible para el desarrollo sin precedentes que ha vivido España. El régimen constitucional, a su vez, hizo posible la entrada de nuestro país en la entonces CEE (hoy Unión Europea), el otro gran factor que explica los niveles actuales de prosperidad y la reducción de las desigualdades.
CRECIMIENTO DESMESURADO E INSOSTENIBLE DE LAS ADMINISTRACIONES
Pero siendo esto cierto, no lo es menos que las lagunas e indefiniciones de la Carta Magna -probablemente necesarias para alcanzar el consenso que permitió su aprobación- han permitido abusos y desviaciones que han empañado, y mucho, nuestra historia democrática.
Cabe señalar dos principales. La primera es el crecimiento elefantiásico de las administraciones públicas. La Constitución no dice en ninguna parte que deban existir 17 comunidades autónomas, 41 diputaciones, más de 8.000 ayuntamientos, mancomunidades, comarcas, etc. Pero cuando se decidió el "café para todos" se creó una estructura descentralizada exagerada y carísima.
Encima, los gobernantes de cada una de estas administraciones se han embarcado en un desmadre del gasto público con fines electorales hasta alcanzar niveles insostenibles (y ahí está la incapacidad para reducir el déficit y la deuda públicos para demostrarlo). Y han convertido las instituciones en agencias de colocaciones de correligionarios y amigos. Todo lo cual sí contraviene a la norma, que en su artículo 31 establece que "su programación y ejecución [del gasto público] responderán a los criterios de eficiencia y economía".
CORRUPCIÓN SISTÉMICA
La consecuencia inevitable de este exceso de cargos públicos y del desaforado gasto público ha sido una corrupción generalizada en todos los niveles del Estado y en todos los partidos, que ha llevado a numerosos altos cargos a los tribunales e incluso a la cárcel, y que incluso hizo caer al Gobierno de Mariano Rajoy. Y aquí la Carta Magna se ha quedado corta al no prevenir este cáncer y no dotar al Estado de instrumentos más eficaces para combatirla. Los políticos tampoco han querido desarrollarlos en otras leyes, como el código penal, por la cuenta que les traía.
Como siempre ocurre en la historia, ha sido el pueblo el que se ha hartado y ha empezado a castigar este latrocinio del dinero de todos. Ahí tenemos el surgimiento de nuevos partidos que les han comido la merienda a los dos 'del turno' o el reciente resultado de las elecciones andaluzas. Nuestros representantes deberían tomar nota cuanto antes y tomarse en serio de una vez por todas la corrupción sistémica que nos asola.