El instructor de la causa del 'procés' en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, ha dictado un auto en el que rechaza los recursos de reforma presentados por los procesados en la causa y afirma que los datos que le entregó recientemente el Ministerio de Hacienda coinciden con los indicios de malversación recogidos en su investigación contra los miembros del exGovern.
En su resolución, de 85 páginas, Llarena confirma el procesamiento del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y los otros 22 procesados que recurrieron y se reafirma en que en los hechos que se les atribuyen concurre el requisito de la violencia del delito de rebelión.
Asimismo, ha preguntado a la Fiscalía si debe incluir en la investigación por el delito de rebelión a los excargos de la Generalitat Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, después de que el titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona lo solicitase en una exposición razonada.
Según han informado fuentes del alto tribunal, el juez del 'procés' ha recibido esta petición de su colega de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, por lo que ha dictado una providencia para que el Ministerio Público informe sobre si el Tribunal Supremo es competente y existe hechos indiciarios de delito para poder investigar a Jové, 'número dos' del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, y Salvadó, exsecretario de Hacienda, ambos diputados de ERC en el Parlament en la actual legislatura, junto a los otros 25 procesados en esta causa.
En la exposición razonada elevada al Tribunal Supremo, a la que tuvo acceso Europa Press, el juez Ramírez Sunyer considera que los dos excargos del Govern pueden ser responsables de un presunto delito de rebelión porque "aceptaban plenamente la posibilidad de que para el logro de sus fines se requiriesen actos de violencia" al acudir a la vía de la declaración unilateral.
