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El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, guarda un minuto de silencio en la Calle de Miguel Ángel, en la entrada a la Sede de la Delegación del Gobierno en MadridJoaquin Corchero - Europa Press

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha señalado ante la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, y a preguntas de la propia magistrada, que no recibió indicación o recomendación alguna en el sentido de permitir o prohibir la manifestación del 8 de marzo en Madrid.

Durante su declaración como imputado por un presunto delito de prevaricación administrativa, el dirigente socialista --que es secretario general del PSOE en Madrid-, ha contestado a las preguntas que le han realizado todas las partes presentes en la diligencia judicial celebrada este miércoles, reiterando en varias ocasiones que él no es competente en materia de Sanidad y que nunca tuvo a su disposición información sobre la evolución del covid-19, según han señalado a Europa Press fuentes jurídicas.

Al término de su declaración ante la magistrada, y a preguntas de los numerosos periodistas que le esperaban a la puerta del edificio de los juzgados de Madrid, el delegado del Gobierno ha señalado que "no había ningún elemento que le llevase a prohibir el ejercicio de un derecho fundamental" como era el de manifestación feminista, y su actuación como delegado del Gobierno en este asunto siempre lo fue con arreglo a la ley y a las recomendaciones de los expertos sobre la evolución de la pandemia.

De hecho, durante su declaración, que ha durado alrededor de una hora y media, ha insistido en que no tenía constancia documental de la percepción del riesgo del coronavirus hasta el 9 de marzo. Esto contrastaría con la tesis defendida por la Delegación del Gobierno, que, tras ser requerido por la juez para que notificara cuál fue la primera "indicación, alerta o noticia" sobre el coronavirus que recibió el organismo, ha asegurado que "no consta recepción de comunicaciones sanitarias con anterioridad al día 14 de marzo de 2020", cuando se declaró el estado de alarma.

En este sentido, en respuesta a la acusación popular Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena, que le ha inquirido sobre cómo es posible que se permitiera el 8-M si la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la crisis sanitaria como pandemia el 30 de enero, Franco ha precisado que el dato es erróneo porque se declaró como tal el 11 de marzo, han apuntado las fuentes consultadas.

CONOCIMIENTO DEL PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Asimismo, para incidir sobre cuándo tuvo conocimiento la gravedad de la crisis sanitaria, el delegado del Gobierno ha sido preguntado por el correo electrónico interno que el departamento de Prevención de Riesgos Laborales de la Delegación del Gobierno envió a todos los trabajadores el pasado 2 de marzo indicando la medida de mantener el distanciamiento social de al menos 1 metro.

Franco ha defendido que en esas fechas no conocía dicho mensaje, que adjuntaba el protocolo de seguridad elaborado el 28 de febrero, según las fuentes jurídicas consultadas. Dicho documento tiene cierta relevancia en la causa, pues ha servido para la Guardia Civil concluyera en su último informe que la Delegación del Gobierno conocía de "los riesgos relacionados con el covid-19" desde "mediados de febrero".

A Franco le acusan varias acusaciones populares en relación con la actuación de su departamento durante los días previos a la declaración del estado de alarma por la pandemia del coronavirus, pese a las advertencias del riesgo de contagio.

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