El Gobierno descarta decretar el estado de alarma parcial para controlar el brote de casos de coronavirus desatado en Lleida porque sostiene que las comunidades autónomas disponen de las herramientas necesarias para actuar en este tipo de casos.
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Fuentes del Ejecutivo han explicado que tras el veto judicial al endurecimiento del confinamiento en la comarca leridana del Segrià habrá que valorar ahora las decisiones a tomar, pero en todo caso son las autonomías las que tienen el papel "preponderante" en el control de la transmisión.
Asimismo, señalan que Torra tiene suficientes herramientas legales y que puede recurrir la decisión judicial.
El Govern de la Generalitat, por su parte, ha anunciado que aprobará un decreto ley para actuar "con toda la contundencia que haga falta para regular las decisiones del Govern de restringir la libertad de movimientos para contener el virus". El president catalán, Quim Torra, ha explicado que el nuevo decreto regulará bajo que supuestos se adoptarán medidas que restrinjan libertades personales, como la de movimientos. También ha asegurado que si hubiera que endurecer más el confinamiento en el Segrià se haría.
Lo ha explicado durante una rueda de prensa en la que ha explicado que ignorará la resolución de la jueza de instrucción de guardia, que ha decidido este lunes de madrugada no ratificar la instrucción que había dado para endurecer las medidas de confinamiento en los municipios que tienen la intensidad de transmisión del coronavirus más elevada en Lleida. "No estamos de acuerdo con la decisión judicial, no la aceptamos, asumo las consecuencias que se deriven, pero no puedo poner en riesgo la salud de las personas", ha apuntado.
LA JUSTICIA SE OPONE AL CONFINAMIENTO TOTAL DE LLEIDA
La magistrada Elena García-Muñoz decidió, ha decidido, en la madrugada del domingo, revocar el confinamiento total decretado por la Generalit catalana en la zona del Segrià este domingo, dando respuesta así a la petición de la Fiscalía de parar los planes de la Generalitat.
En concreto, en el escrito, la jueza se niega a aprobar la medida porque la encuentra “gravísima en el sentido de limitativa y restrictiva de derechos”. Asegura que no está justificada por la situación epidemiológica actual y acusa la Generalitat de querer aplicarla sin aportar datos sanitarios y sin que haya cimientos, o al menos sin que se presenten a la documentación.
La magistrada añade que las medidas son desproporcionadas e indiscriminadas y también carga contra el hecho que no da una fecha de finalización para esta situación excepcional.
