- El artículo 155 no está desarrollado con una ley aprobada en las Cortes
- Junts pel Sí y la CUP presentan ante el Parlament la propuesta que da inicio al proceso independentista
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, salió este martes ante las cámaras para asegurar que recurrirá a todos los instrumentos legales de los que dispone el Estado para frenar el desafío independentista de Cataluña, después de que Junts pel Sí y la CUP presentaran ante el Parlament una propuesta para iniciar el camino a la secesión.
Sin embargo, el Estado no las tiene todas consigo. Según han destacado diferentes expertos constitucionales consultados por El Mundo, la situación política en la que se ha producido esta decisión condiciona las acciones que se puedan tomar contra los líderes independentistas.
GOBIERNO EN FUNCIONES
Por un lado, las Cortes generales han sido disueltas con motivo de la convocatoria de elecciones. Mientras, del otro lado, Cataluña todavía no ha elegido a su nuevo presidente regional y el Estado no tiene a un cargo al que responsabilizar directamente de lo ocurrido. Así las cosas, los expertos han indicado que quien se haría responsable de las ilegalidades que se comentan con este proceso podría ser la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.
Estas dos herramientas son la reforma del Tribunal Constitucional y la aplicación del artículo 155 de la Constitución española
Las dos herramientas de las que dispone el Estado para hacer frente a este proceso son la reforma del Tribunal Constitucional y la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, que obliga al cumplimiento forzoso de la ley en determinados supuestos. El problema del primer mecanismo es que está pensado para sentencias en la que se acusa a una persona en concreto, como un presidente autonómico, y no a varias decenas de parlamentarios.
En el caso del segundo mecanismo, el problema reside en que su aplicación necesita de la aprobación por mayoría absoluta en el Senado, una cámara que actualmente se encuentra disuelta y en la que solo se mantiene la Diputación Permanente. Algunos expertos consultados por el diario de Unidad Editorial han señalado que la Diputación Permanente podría dar el visto bueno al Gobierno para que actúe en Cataluña.
Pero los problemas no se terminan ahí. El artículo 155 de la Constitución tiene una interpretación muy amplia porque no ha sido regulado por una ley aprobada en las Cortes, por lo que no se han establecido los supuestos concretos que habilitan al Estado a poder aplicarlo en alguna comunidad autónoma determinada.
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