Gobierno y consejeros de educación celebran este jueves una cumbre para tratar de dilucidar el nuevo modelo educativo que se impone tras el virus. Con la certeza de que la escuela debe adaptarse a las circunstancias sin imponer más carga a las familias que han sufrido el caos del confinamiento haciendo malabares con niños y teletrabajo, varias Comunidades Autónomas acudirán a la cita convocada telemáticamente por la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, con un plan alternativo para que todos los alumnos de primaria regresen a clase en septiembre. Exigen al Ejecutivo recursos “económicos y humanos” y que, en última instancia, se acuda a Bruselas para reclamar más fondos.
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Sindicatos y entidades de profesores creen que una de las vías es pedir que la Unión Europea (UE) asuma un papel activo en financiar las necesidades de incremento del gasto, postura compartida por algunas Comunidades Autónomas. Reclaman que se reclame asistencia a Europa, mediante un incremento o redistribución de los programas habituales del Fondo Social Europeo, o a través de nuevas y abundantes ayudas que la mayoría de economistas ubican en el marco de un rescate del Mecanismo de Estabilidad Europeo (MEDE). Los préstamos auspiciados hasta ahora por Bruselas sólo permiten apoyar la sanidad o el empleo, mediante el Programa SURE. Alternativamente, se está perfilando el plan de reconstrucción, pero la UE parece a años luz de cerrar cantidad y forma de distribución de los fondos.
De igual manera, algunos consejeros de educación y presidentes autonómicos han empezado a presionar al Ejecutivo central para que aumente el déficit autonómico del 0,2% con el fin de que también se puedan destinar mayores partidas a educación. En concreto, Cataluña exige poder superarlo y recibir una buena parte del pastel de los 16.000 millones prometidos por el Gobierno a las comunidades para compensar los gastos y la pérdida de ingresos por la pandemia. Otras autonomías, como La Rioja, han avisado directamente que ignorarán el techo del gasto del Gobierno.
La premisa que parecen aceptar las consejerías es que se impondrá la reducción de las ratios insinuada por Celaá durante una entrevista con '20 minutos'. Dar clase en grupos de 15 alumnos es la medida aplicada por países que han reanudado la actividad docente tras el confinamiento por la pandemia, además de controles en los recreos, entradas y salidas, estrictos protocolos de higiene y un cambio en las relaciones entre profesorado y alumnos de los centros. La discusión se centra en si este recorte de alumnos por aula debe simultanearse con formación online o si conllevará adaptar espacios polivalentes en los equipamientos educativos para que todos los alumnos puedan recibir clases presenciales a la vez.
Consejeros de educación de comunidades como Cataluña son partidarios de que la fórmula híbrida entre presencial y online sólo se dé en alumnos mayores de 12 años. En cambio, en guarderías y los ciclos de infantil y primaria se apuesta por más aulas habilitadas para asegurar el espacio interpersonal necesario y permitir que todos los alumnos vuelvan al colegio a partir de septiembre para favorecer la conciliación. Además, la Generalitat catalana trabaja con el escenario de que las escuelas vuelvan a abrir antes del verano para hacer acompañamiento final a partir del 1 de junio, en aquellos territorios en que las autoridades sanitarias indiquen que puedan pasar a fase 2.
Además de Cataluña, Andalucía, Murcia y Castilla y León también son de la postura de que la vuelta a la actividad presencial sea en septiembre para todo el alumnado, según avanza ‘El Mundo’. Otras regiones se han descolgado del plan del Ejecutivo central de que los alumnos de 0 a 6 años reanuden las clases en cuando estén en fase 2. En concreto, se oponen Castilla-La Mancha, Aragón, Baleares, Murcia, Castilla y León, Andalucía y el País Vasco. En general, la disensión se impone entre los criterios de las autonomías y el ministerio que dirige Celáa, pero parece que la idea de que el protocolo se base en distancias de seguridad y adaptar espacios va calando como una alternativa a la idea dejada caer por el Ministerio de Educación.
LA ÚNICA SALIDA: INCREMENTAR LAS PLANTILLAS
En cualquier caso, ambas propuestas -híbrida presencial-online o presencial con grupos reducidos- llevan al mismo desenlace. A un esfuerzo por parte de las administraciones “porque las escuelas no tenemos recursos económicos para aplicar todas estas medidas”, lamenta un miembro del equipo directivo de un centro de educación primaria de la provincia de Barcelona.
“Es altamente complicado sin dotarnos de apoyo extra”, prosigue, y demanda un “aumento de maestros” para que no sea el mismo profesorado el que tenga que atender a alumnos en los centros y a aquellos que se queden en casa o abarcar un mayor número de aulas. Esta situación aún se agrava más si se tienen en cuenta algunas de las reclamaciones de los sindicatos, como que el profesorado de mayor edad no tenga contacto con los alumnos para evitar la transmisión del virus, así como las embarazadas o el personal con patologías previas. Las plantillas se quedan extremadamente cortas.
Pero los consejeros autonómicos pasan la pelota al ministerio y a Bruselas para hallar la financiación extra que les permita abrir las bolsas de profesores suplentes o contratar personal de apoyo no docente, con el añadido de que la incertidumbre se multiplica para estos equipos que no son funcionarios y dependen de empresas privadas. La única medida que se contempla, por ejemplo en Cataluña, se refiere a la inversión tecnológica para garantizar la conectividad, según informan los sindicatos de profesores, en concreto, UGT y CCOO, que insisten en los incrementos de plantillas como única solución, además de pedir mayor apoyo de personal de enfermería en los centros.
