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Fachada de la Bolsa de Madrid, cotización, mercados, Ibex, empresas cotizadasÓSCAR DEL POZO/EUROPA PRESS - Archivo

El Gobierno ha aprobado este martes para su remisión al Congreso el proyecto de Ley de Fomento de la Implicación a largo plazo de los Accionistas en Sociedades Cotizadas, que regula también por vez primera la figura de los asesores de voto –proxy advisor- y permite ‘premiar’ a los inversores estables con un doble voto.

Así lo ha detallado la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros donde ha recordado que la normativa incluye la trasposición parcial de una directiva comunitaria del 2017, que ya fue presentada al Consejo de Estado e informada en marzo pasado en el Consejo de Ministros.

La ministra portavoz y ministra de Hacienda ha abundado en que la norma redunda en una mejora del buen gobierno corporativo de las cotizada en la Unión Europea, busca aumentar sus posibilidades de financiación en el largo plazo y contribuir a “sostener el crecimiento económico”, la creación de empleo y crear valor para las propias compañías.

Según ha detallado el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, la nueva norma “permitirá que las empresas tengan un mayor acceso a la financiación de los mercados, puedan crecer de manera más sostenible, crear empleo de calidad y aportar mayor valor a la economía”.

Para ello, el proyecto de ley introduce modificaciones en el gobierno corporativo de las cotizadas, aumenta la competitividad del mercado español de capitales manteniendo la protección de los inversores y adapta la publicación de información a la normativa europea

Para mejorar el gobierno corporativo y fomentar la participación de los accionistas en las sociedades la norma modifica parcialmente la actual Ley de Sociedades de Capital española, que ya reconoce a las cotizadas el derecho a acceder a la identidad de sus accionistas. Pero al trasponer la directiva dará un paso más al permitir que conocer quiénes son aquellos inversores últimos que puedan actuar a través de entidades intermediarias como puede ser un depositario de valores.

El proyecto de ley abrirá a las cotizadas la opción de reclamar así a entidades intermediarias como los custodios o, incluso, a gestoras a revelar la identidad de los inversores últimos en sus títulos.

Con la identificación del inversor se pretende también incentivar su participación “activa” e “implicación” en la gestión de la sociedad, ha referido Montero. Y al mismo tiempo la normativa obligará además a las instituciones de inversión colectiva (IIC) a hacer pública su política de inversión en las empresas cotizadas.

Por otro lado, la normativa regula también “en más detalle” la política retributiva de los miembros del Consejo de Administración, incrementará la transparencia en operaciones vinculadas que pudieran dar lugar a conflictos de intereses y también se persigue mejorar la competitividad de los mercados de valores, indicó la ministra.

El proyecto de ley regula además por vez primera la figura de los asesores de voto o ‘proxys advisors’, estableciendo la obligación de publicar información acerca del código de conducta al que estén adheridos; y adapta la normativa española al entorno internacional permitiendo las llamadas “acciones de lealtad”.

Gracias a esas acciones, la compañía podrá “premiar” a sus accionistas fieles un voto adicional por cada acción que se mantenga durante dos años como mínimo. Son mecanismos que persiguen reforzar la vinculación a largo plazo de los accionistas, que es el objetivo general de esta norma.

Con la entrada en vigor de la norma se aliviarán además las cargas de reportes informativos, al suprimir la obligación para las cotizadas de elaborar informes financieros trimestrales, en línea con la normativa vigente en otros países europeos y para evitar “incentivar un enfoque cortoplacista en la toma de decisiones”.

Se adapta también a la normativa europea el umbral a partir del cual una emisión de valores requiere la elaboración y publicación de folleto informativo, fijándose en ocho millones de euros. Se conserva, no obstante, el umbral de cinco millones para las emisiones de entidades de crédito y la posibilidad de que la CNMV pueda exigir la publicación de un folleto si lo considera oportuno por las características de la emisión manteniéndose así la protección de los inversores.

La futura norma flexibilizará y agilizará además los trámites para facilitar las ampliaciones de capital, ajustando los costes y garantizando la protección del accionista en general y del minoritario en particular. “Esta modificación facilitará que las empresas puedan financiarse en los mercados de capitales de forma más eficiente”, indicó el ministerio de Asuntos Económicos.

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