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La presidenta de la CNMC, Cani Fernández.CNMC - Archivo

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha dado el si, en segunda fase, a la fusión entre Funespaña y Santalucía, una operación" que se encuentra sujeta al cumplimiento de una serie de compromisos, entre ellos, que Mapfre abandone su participación del 25% en la entidad resultante, según ha comunicado este viernes la entidad supervisora.

En primer lugar, la CNMC ha afirmado que la operación daría lugar al solapamiento de las partes en los municipios de Valdepeñas y Bilbao y a la sustitución de Funespaña "en muchos municipios".

Así, la entidad resultante de la alianza entre ambos organismos daría lugar a una empresa "monopolista" en los mercados mayoristas de tanatorios en 157 municipios, de crematorio en 35 y de cementerio en 14.

Además, tendría "cuotas elevadas" en los marco mayorista de los tanatorios en 217 municipios, de crematorios en 51 y de cementerios en 14.

La CNMC considera que la nueva entidad tendría "incentivo y capacidad para dificultar el acceso, endurecer las condiciones comerciales o deteriorar la calidad de los servicios prestados por la falta de competencia en estos municipios".

Por otro lado, el supervisor ha señalado que esta fusión reforzaría la posición de Santalucía como aseguradora de decesos, al poder prestar los servicios intragrupo, con el riesgo de expulsión de competidores, ya que la nueva entidad tendría una mayor presencia en distintas zonas.

Asimismo, el compromiso de Mapfre de contratar los servicios de la empresa resultante y su participación del 25% en el capital social de la nueva entidad también reforzaría la prestación intragrupo, "especialmente donde exista menos competencia".

La CNMC también ha detectado el riesgo de que los precios empeorasen o se expulsase a otras aseguradoras, "especialmente donde la entidad resultante quede en una situación de monopolio".

Por último, ha observado "posibles efectos coordinados" entre Santalucía y Mapfre en las distintas ramas de los mercados de seguros como consecuencia, "fundamentalmente", de la participación de Mapfre del 25% en la entidad resultante.

COMPROMISOS DE SANTALUCÍA Y CONDICIONES IMPUESTAS POR LA CNMC

La CNMC ha indicado que, en un primer momento, determinó que dicha fusión suponía un "riesgo elevado" para la competencia, si bien finalmente la ha aprobado sujeta al cumplimiento de tres compromisos propuestos por Santa Lucía.

Dos de ellos se refieren a la libertad que tienen los allegados del fallecido para elegir funeraria cuando contactan con la aseguradora por primera vez, evitando así que sean automáticamente dirigidos a la funeraria perteneciente al grupo.

En cuanto al tercero, la CNMC ha indicado que Santalucía se ha comprometido a facilitar la entrada de un competidor en el municipio de Valdepeñas a fin de evitar la situación de monopolio. También desinvertirá activos y garantizará que la situación previa no empeora, según recoge el supervisor.

Además, el organismo ha impuesto varias condiciones a las partes, entre ellas, que Mapfre deberá abandonar su participación del 25% en la entidad resultante, así como la cláusula del contrato entre socios por la que se compromete a contratar los servicios de la nueva compañía.

Por último, Mapfre no podrá realizar ningún nombramiento en la nueva entidad, mientras que Santa Lucía tendrá tres meses para facilitar la entrada de un competidor en Valdepeñas.

UNA ALIANZA ANUNCIADA EN 2019

En 2019, Mapfre y Santalucía habían formalizado una alianza estratégica para desarrollar conjuntamente sus negocios funerarios en España. En concreto, ambas compañías acordaron, en ese momento, que la nueva sociedad integrada por Funespaña (Mapfre) y Albia (Santalucía) estaría participada por Mapfre en un 25% y por Santalucía en un 75%.

Tras el anuncio del acuerdo, la CNMC había acordado en febrero de 2020 analizar la operación en profundidad por los posibles efectos adversos para la competencia en el sector de servicios funerarios y de seguros de decesos.

En la nota remitida este viernes, el supervisor ha señalado que, por primera vez en el mercado de una operación de concentración, se realizó una inspección de las sedes domiciliarias de las empresas, llevada a cabo en septiembre de 2020.

En abril y mayo de 2021, la dirección de Competencia había acordado acumular a este análisis los expedientes sobre la compra de la funeraria burgalesa Jordial por parte de Albia y la adquisición de Funeraria Juanals por el grupo Altima, la cual estaba participada conjuntamente por Albia y por Grup VFV.

Ahora, la CNMC ha indicado que, con el paquete de compromisos y condiciones propuesto, aprueba la adquisición "de forma más transparente, sin intereses cruzados, y desaparecen, además, los riesgos de efectos coordinados en el mercado de seguro".

SANTALUCÍA Y MAPFRE ANALIZARÁN LAS CONDICIONES DE LA CNMC

Por su parte, las dos compañías implicadas, Santalucía y Mapfre, han anunciado que analizarán las repercusiones y efectos de las condiciones señaladas por el organismo supervisor en la autorización.

"Las entidades realizarán este estudio teniendo presente el interés existente en mejorar los servicios funerarios que vienen prestando en el mercado", según ha indicado Santalucía en una nota de prensa.

Además, ha afirmado que el resultado de la operación, en caso de llevarse a cabo con las condiciones establecidas por la CNMC, sería la creación de un "grupo líder" en el mercado funerario español con capilaridad directa e indirecta en el 100% del territorio y que prestaría más de 70.000 servicios funerarios.

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