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Bruselas se sacude la responsabilidad sobre potenciales demandas por Popular. La Comisión Europea ha publicado el informe de conclusiones de su última misión de supervisión del rescate bancario en España. En él, indica que Santander sería responsable ante "otras demandas potenciales" por la gestión de los accionistas o acreedores de Popular.

El informe recuerda que tras la resolución del Popular se presentaron acciones legales contra el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), así como que los tribunales españoles han suspendido los procedimientos hasta conocer el primer fallo del Tribunal de Justicia de la UE (TUE). Además, ha subrayado que todas las medidas cautelares que reclamaban suspender la resolución del Popular "han sido rechazadas".

"Dado que no existe un plan de protección de activos en la venta de Popular a Santander, en principio el segundo sería responsable de otras demandas potenciales por la gestión de los accionistas o los acreedores de Popular", apunta el documento, elaborado también por el Banco Central Europeo (MEDE).

En cualquier caso, Bruselas remarca que la resolución de Popular fue "exitosa" puesto que ni los depositantes ni los contribuyentes incurrieran en pérdidas y a la luz de que no tuvo un impacto negativo sobre la estabilidad financiera. También valora la "buena" coordinación" entre las autoridades nacionales y comunitarias involucradas en el proceso.

El Ejecutivo comunitario incluye esta referencia al caso de Popular en el capítulo que dedica a los desafíos a los que se enfrenta el sector financiero español, aunque subraya que el sistema financiero español "disfruta de una cómoda liquidez general" y destaca que algunos bancos han aumentado la emisión de títulos de deuda.

PIDE VIGILAR LA EXPANSIÓN DEL CRÉDITO

El informe señala además que el nivel de préstamos dudosos (NPL, por sus siglas en inglés) en los balances de los bancos españoles ha disminuido hasta acercarse a la media europea. Sin embargo, advierte de que "la reciente expansión de los créditos a los consumidores merece una vigilancia cercana".

"Los bancos y los supervisores deben garantizar una implementación lo suficientemente conservadora de los estándares de crédito, en particular a la luz del reciente incremento de la demanda de créditos al consumidor", advierte la Comisión Europea.

Sin embargo, otro de los aspectos que podría afectar a la rentabilidad de los bancos, advierte Bruselas, es la entrada en vigor de la Norma Internacional de Instrumentos Financieros 9 o NIIF 9 (IFSR 9, por sus siglas en inglés). También pone el acento en el entorno de bajos tipos de interés, que a pesar de apoyar la reducción de préstamos dudosos, sigue presionando los márgenes de los bancos españoles, al igual que los del resto de Europa.

PRIVATIZACIÓN DE BANKIA

Con respecto a la privatización de Bankia, Bruselas recuerda que la fusión con BMN y la venta de un 7% de la entidad en diciembre ha sido los últimos pasos hasta ahora dentro del proceso. En este sentido subraya, al igual que ya ha enfatizado en informes anteriores, que completar de forma exitosa la privatización "reforzaría el sector bancario español".

"Las autoridades española necesitan encontrar la mejor estrategia de desinversión y oportunidades de mercado para vender su participación restante en el banco", afirman tanto el Ejecutivo comunitario como el BCE. También destacan que la integración de BMN en Bankia "debería generar sinergias positivas" en el corto plazo que "fortalezcan el valor de la entidad privatizada y maximicen los ingresos que deben devolverse al Estado".

Finalmente, Bruselas y el BCE han vuelto a advertir al Gobierno español de que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) registró pérdidas en 2017 debido a que su actividad está afectada por la "relativamente baja calidad de sus activos" y un ritmo de desinversión más lento de lo esperado.

"Por tanto, la Sareb necesita seguir con sus esfuerzos para optimizar su actividad, adelantar ventas y mejorar los márgenes financieros mientras implementa las recomendaciones del Banco de España sobre la valoración de sus activos", propone el informe.

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