Suspendido hasta marzo el juicio de la Mara Salvatrucha para ratificar la conformidad de penas e investigar amenazas

El juicio contra 35 integrantes de la organización criminal de origen salvadoreño Mara Salvatrucha ha sido suspendido hasta el próximo 8 de marzo a la espera de que el fiscal jefe de Alicante ratifique los acuerdos alcanzados por la acusación pública con las defensas de los procesados para conseguir reducciones de condena a cambio del reconocimiento de los hechos.

Además, el fiscal ha indicado al inicio de la vista que un acusado ha denunciado haber sido amenazado por otro procesado con una navaja en los pasillos de los juzgados, hecho que debe investigarse y que también ha motivado su solicitud de suspensión.

De los 35 acusados que iban a ser juzgados este martes, 33 hombres y dos mujeres, uno se encuentra en búsqueda y captura y otro no ha comparecido. Inicialmente, el Ministerio Público solicitaba penas que iban de los dos a los 30 años de prisión, y multas de entre 500 y 34.000 euros por los delitos de organización criminal, contra la salud pública, blanqueo de dinero, tenencia ilícita de armas, lesiones, amenazas, intento de asesinato y conspiración para asesinato.

Para los dos cabecillas de la banda, dos hermanos detenidos en Ibi (Alicante) en 2014 y en prisión provisional desde entonces -el próximo mes de marzo finaliza el periodo máximo que un acusado puede permanecer en prisión sin juicio-, la Fiscalía solicita las penas más altas. Asimismo, otros tres acusados también se encuentran en prisión por otras causas, uno de ellos por asesinato, según han indicado fuentes del ministerio público.

Al inicio de la vista, el fiscal ha solicitado la suspensión del juicio porque "pese a estar en la era de las nuevas tecnologías" no había podido contactar con el fiscal jefe en todo el día. Todos los acuerdos de conformidad alcanzados entre las defensas y la acusación pública deben ser visados por el fiscal jefe antes de que el tribunal las tenga en cuenta para reanudar el juicio y dejarlo visto para sentencia.

AMENAZAS CON UNA NAVAJA

Además, ha indicado que a lo largo de la mañana, en los pasillos de los juzgados, un acusado ha amenazado a otro con una navaja, hecho que ha sido denunciado y debe ser investigado antes de reanudar el juicio, pues según ha indicado el fiscal es posible que con el presunto autor de la amenaza "no se pueda alcanzar un acuerdo".

Por su parte, uno de los abogados de la defensa ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación que las negociaciones de los acusados con la fiscalía tienen como objetivo lograr "un acuerdo que sea satisfactorio por ambas partes reduciendo sustancialmente las penas que inicialmente se solicitaban en el escrito de calificación" del Ministerio Público.

Además, el mismo letrado ha avanzado que en los acuerdos se incluye la sustitución de penas por multas y la suspensión de condenas para los acusados sin antecedentes o aquellos que han "rehecho sus vidas y tienen trabajo estable", pues ha indicado que cuando se desarticuló la banda en 2014 "algunos eran incluso menores", por lo que ha argumentado que algunos son "personas rehabilitadas", lo cual ha hecho que la Fiscalía esté "siendo laxa", ha considerado el letrado.

MARA SALVATRUCHA

Según el escrito de calificación de la fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, la Mara Salvatrucha es una organización criminal originaria de El Salvador y con "carácter transnacional", que se organiza sobre una serie de células llamadas "clicas" compuestas por un grupo "más o menos numeroso" de personas y "asentada en un lugar determinado".

Así, tal como se desprendió de la investigación, llevada a cabo por el juzgado de Instrucción 1 de Ibi, localidad elegida por los cabecillas de la organización como sede de una de las clicas, bautizada como 'Big Crazy', la cual tendría la intención de aglutinar a las de Madrid, Barcelona o Girona, entre otras ciudades, para crear "a imagen y semejanza de la Mara salvadoreña", el "Programa España", esto es, un plan que expandiera la organización en España, con las normas que venían directamente de El Salvador.

Entre estas normas se encuentran los ritos de iniciación, en los que los candidatos demuestran su "valor y lealtad" a la Mara sometiéndose a palizas que duran 13 segundos, por parte del resto de miembros de la 'clica'. La investigación concluyó que existen indicios de la realización de estos rituales por parte de los encausados, además de otros castigos físicos por el incumplimiento de normas de la banda, según recoge el escrito de la acusación pública.

El objetivo de esta disciplina impuesta es "hacer crecer el barrio", es decir la organización criminal -en jerga de la banda-, tal como se desprende de las intervenciones telefónicas realizadas en fase de instrucción y recogidas en el escrito de acusación del ministerio público.

10.000 EUROS DESDE EL SALVADOR

De este modo, para expandirse, el grupo se habría nutrido económicamente a través de diferentes cauces. Por una parte, con el pago de una cuota de sus componentes, quienes llegaban a delinquir para hacer frente a la misma. Las cuotas se ingresaban en cuentas bancarias de las respectivas organizaciones territoriales y de ellas se ocupaba un tesorero nombrado por cada grupo.

Por otra parte, a través del apoyo económico de la dirección de la Mara Salvatrucha en El Salvador. Según la investigación, llegaron a enviar 10.000 dólares desde este país para financiar las primeras actividades de la Mara en España.

La intención era montar un negocio legal en España para blanquear capitales de procedencia delictiva, ofrecer un contrato de trabajo a miembros presos y facilitar la llegada de nuevos mareros de América Central mediante un contrato laboral. En concreto, la 'clica' de Ibi se habría planteado montar un chiringuito de playa o un negocio de compra-venta de coches.

TRÁFICO DE DROGAS

La investigación también señala al tráfico de drogas como fuente de financiación de la organización. En concreto, el grupo de Ibi habría creado una red de transporte, almacenamiento y distribución de marihuana y cocaína, que contaba con diversos proveedores. La jueza considera que los beneficios de la venta repercutían en la 'clica' y todos los miembros participaban de esta actividad.

De las pesquisas también se extrae que en una de las reuniones de la banda celebrada en Ibi en diciembre de 2013 se instauró un programa de apoyo a los miembros en prisión, mediante el que se planificaría la introducción de sustancias estupefacientes aprovechando las visitas a las cárceles.

ARMAS Y ASESINATOS

En la causa también se relata que la agrupación asentada en Ibi habría mantenido varias peleas con un grupo de ciudadanos rumanos por el control del territorio. A consecuencia de ello, varios de los procesados habrían planificado matar a uno de los integrantes de la banda rival.

Pese a los preparativos, el asesinato no se llevó a cabo ya que las dos personas encargadas de ejecutarlo fueron detenidas por la Guardia Civil. Meses después, la investigación también señala que planificaron el asesinato de un testigo que habría declarado contra miembros de la Mara en España.

Por el carácter territorial de la organización y la competencia con bandas rivales, la Mara en España poseía armas de fuego a disposición de todos sus miembros. En concreto, la 'clica' de Ibi tenía, al menos, dos pistolas. Una de ellas fue localizada por la Guardia Civil cuando los dos integrantes de la banda latina se disponían atentar contra el miembro del grupo contrario.