MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
Radio Televisión de Andalucía y Canal Sur Radio y Televisión ha comunicado a la Audiencia Nacional que se retira del procedimiento contra Ausbanc y su presidente, Luis Pineda, en el que participaba en calidad de perjudicado, si bien se reserva la opción de reclamar por vía civil llegado el caso, según el escrito al que ha tenido acceso Europa Press.
La representación legal de la entidad pública realiza este movimiento a unos días de que se inicie el juicio, señalado a partir del 29 de enero en la Audiencia Nacional y del que ya se retiraron el BBVA y Caixa Geral, ambas en calidad de acusaciones.
Según expone el escrito de acusación de la Fiscalía, que pide 119 años de cárcel para Pineda por presuntos delitos de extorsión, la sociedad Agroeditora que él administraba facturó 163.350 euros más IVA a Canal Sur por los derechos de antena de dos programas para los que a su vez, consiguió patrocinio de Caixabank por importe de 169.400 euros y 84.700 euros en 2015 y 2016.
Para el fiscal, la cuestión estaba en el contenido de esos espacios: "Las cantidades abonadas por el canal público de televisión de Andalucía eran para unos programas de televisión determinados y en lugar de ello, los programas emitidos eran en realizad auténticos actos publicitarios de Ausbanc, es decir, se empleaban tanto para publicitar tanto a Ausbanc como a sus publicaciones", afirma el escrito.
La defensa de Pineda siempre alegó que RTVA no tenía razón para estar en la causa ni la Fiscalía debía ver irregularidades en aquel asunto, dado que no se trataba de subvenciones o ayudas públicas, sino de una relación contractual en la que las condiciones se cumplieron, pues se pactó que cada uno "contara con patrocinadores estableciéndose acuerdos en cuanto al coste de la publicidad".
"No se entiende la conclusión del Ministerio Fiscal de que los programas emitidos eran auténticos actos publicitarios en lugar de lo que el canal público había contratado y abonado. La propia RTVA había pactado y contratado la publicidad y exigía la concurrencia de patrocinadores en los programas, lo cual era lógico dado que los presupuestos de ejecución de los programas eran mucho más elevados que el precio de adquisición de los derechos de antena", decía el escrito de la defensa de Agroeditora.