- Según el Ministerio Público, el objetivo era "entorpecer la investigación"
El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González recurrió a "alguna persona" del Ministerio de Justicia, la Fiscalía y la Policía Nacional para "conocer el estado de sus casos" y también para lograr la "impunidad de sus acciones".
Este es uno de los argumentos que ofrece la Fiscalía Anticorrupción para oponerse a la excarcelación de González, principal imputado en la 'operación Lezo'. El Ministerio Público asegura que el exdirigente madrileño se valió de sus "relaciones personales" para tratar de "entorpecer la investigación" que instruye la Audiencia Nacional.
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional un escrito en el que se opone a la excarcelación del expresidente
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional un escrito en el que se opone a la excarcelación del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, principal imputado en la 'operación Lezo', según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.
La defensa de González apeló la semana pasada ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la prisión preventiva que el exdirigente madrileño cumple desde el pasado 21 de abril y solicitó su puesta en libertad alegando que no existe riesgo de que pueda fugarse.
Argumentó, entre otras razones, que huir de la justicia es "materialmente imposible" porque tiene sus bienes embargados y carece de medios económicos, además de tener un "arraigo notorio" en España donde reside con su esposa y tres hijas, la mayor de las cuales "va a celebrar su boda en pocos meses".
SOBRINO TAMBIÉN RECURRIÓ
Además del expresidente de la Comunidad de Madrid, el que era su hombre fuerte en Latinoamérica para los asuntos del Canal de Isabel II, Edmundo Rodríguez Sobrino, recurrió también su prisión incondicional.
En su caso, argumentaba ante la Sala la falta de motivación del auto recurrido y la inexistencia de indicios racionales de criminalidad suficientes que justifiquen la medida de prisión incondicional del exdirectivo.
Afirmaba que no se le puede considerar criminalmente responsable de los negocios del Canal en América Latina e incidía igualmente en la inexistencia de riesgo de sustracción de la justicia o destrucción u ocultación de pruebas, así como en el arraigo familiar del investigado.
