MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
Ecologistas en Acción, Greenpeace y la Plataforma en Defensa de Madrid Central han presentado una demanda por la suspensión de las multas de Madrid Central que decidió el Ayuntamiento de Madrid en julio.
En la demanda, a la que ha tenido acceso Europa Press, las organizaciones enfatizan que la medida suponía "una clara regresión de la protección de la salud y de la calidad ambiental, además de otras vulneraciones del ordenamiento jurídico".
Según exponen, tras la aprobación de las medidas cautelares contra la decisión del Ayuntamiento de Madrid de paralizar el sistema de multas en Madrid Central el pasado mes de julio, los contenciosos administrativos "siguen con su tramitación".
Aunque el Ayuntamiento anunció que no iba a recurrir estas decisiones judiciales, las partes demandantes, Ecologistas en Acción y Greenpeace, miembros de la Plataforma en Defensa de Madrid Central, han preparado ya conjuntamente esta demanda para continuar con el procedimiento. Ecologistas en Acción la ha presentado ya al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 24 de Madrid, y en breve lo hará Greenpeace en el número 7.
Entre los principales argumentos de las organizaciones demandantes, destacan que la decisión de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid supone "una burla al ordenamiento jurídico", pues se trataba de "justificar la suspensión de toda sanción por el acceso no autorizado a la zona de bajas emisiones Madrid Central como una auditoria de unos problemas técnicos del sistema automatizado de control de accesos". En realidad, a juicio de estas asociaciones, "encubría una promesa electoral de varios de los grupos políticos que se aliaron para gobernar el Ayuntamiento".
Asimismo, señalan que el nuevo periodo de preaviso que planteaba el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, "pretendía ampararse en la Ordenanza de Movilidad Sostenible, olvidando intencionadamente que esta preveía dicho periodo de preaviso antes de poner en marcha Madrid Central, nunca después de hacerlo".
"VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS"
Según estas organizaciones, la suspensión de las multas provocaba también "una regresión del nivel de protección de la salud humana y la calidad ambiental de la ciudad de Madrid". Efectivamente, Madrid Central se había revelado como la ZBE "más eficiente de Europa". Por tanto, este "retroceso" resulta "nítidamente incompatible con la doctrina del Tribunal Supremo que consagra el principio de no regresión ambiental".
La medida también "suponía una violación de los derechos humanos, puestos en relación con el derecho al disfrute de un medio ambiente adecuado, de las personas que viven en Madrid de conformidad con la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos".
A su juicio, para adoptar este Acuerdo, la Junta de Gobierno se irrogó (avocación) "las competencias" de la Dirección General de Gestión y Vigilancia de la Circulación en flagrante vulneración de la normativa reguladora del procedimiento administrativo.
Con la presentación de esta demanda, Ecologistas en Acción, Greenpeace y la Plataforma en Defensa de Madrid Central, según han informado en un comunicado, quieren "dejar claro al Ayuntamiento de Madrid que no van a admitir ninguna rebaja en el nivel de ambición de Madrid Central para reducir la contaminación".
Del mismo modo, ante la inminente presentación de las 200 medidas para luchar contra la contaminación, que se están elaborando "sin ningún tipo de participación pública ni consulta a los órganos creados por el propio Ayuntamiento para estas cuestiones", como la ponencia Técnica de Calidad del Aire, permanecerán "vigilantes" para que se garantice "el cumplimiento estricto de la normativa de calidad del aire y el derecho de la ciudadanía a respirar aire limpio".