SEVILLA, 19 (EUROPA PRESS)
Nuria Mendoza Domínguez, auditora de la Cámara de Cuentas y coordinadora del equipo auditor que en 2011 fiscalizó los expedientes de concesión de ayudas sociolaborales a trabajadores y empresas en crisis concedidas por la Dirección General de Trabajo en los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos entre 2001 y 2010, ha asegurado que "observaron claramente" riesgo de menoscabo en ayudas investigadas.
A preguntas del abogado del ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, juzgado junto a 21 ex altos cargos de la Junta en la Audiencia Provincial de Sevilla por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas investigadas en los ERE fraudulentos, Mendoza ha manifestado, durante el segundo día de su declaración como testigo, que, "en su opinión, como dijo ayer, a diez años vista y analizando las situaciones tan excepcionales que se pusieron de manifiesto, observamos claramente riesgo de menoscabo".
No obstante, ha indicado que es al Tribunal de Cuentas, a quien elevaron la existencia del riesgo, a quien corresponde "pronunciarse y decidir, el único órgano que tiene jurisdicción para decir si hubo menoscabo o no". "Yo sólo pude decir si existe riesgo", ha añadido.
La Intervención General, según Mendoza, no emitió informe de actuación a pesar de las irregularidades recogidas en los informes anuales del Control Financiero Permanente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), ente encargado de materializar el pago de las ayudas concedidas por la Dirección General de Trabajo en virtud del convenio marco de julio de 2011 firmado por la Consejería de Empleo y el IFA.
Según este convenio marco, el órgano concedente allegaría fondos del programa presupuestario 31L a través de transferencias de financiación a IFA/IDEA, una herramienta presupuestaria que permitía eludir la fiscalización previas de las ayudas, según las acusaciones. La testigo, en diferentes ocasiones en su declaración, ha señalado que la Intervención General no detectó riesgo de menoscabo y por ello no emitió informe de actuación.
Mendoza, con más 28 años de experiencia de auditora, fue la coordinadora del equipo de la Cámara de Cuentas que revisaron los expedientes de concesión de ayudas por la Dirección General de Trabajo a petición del Consejo de Gobierno y de la Comisión de Hacienda del Parlamento en 2011, una vez que se abrió la causa judicial por los ERE en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.
En concreto se analizó, como muestra, un total de 102 expedientes de ayudas, de los "seis contaban con solicitud de las ayudas, 50 sin ningún documento y 46 recogían protocolos, acuerdos o acta". Respecto a esto último ha apuntado que "dábamos por bueno cualquier cosa", según manifestó este lunes.
Mendoza, coordinadora en la Cámara de Cuentas de la consejera a propuesta del PP Amelia Martínez, aunque, según ha asegurado, ello "no le influye en este acto ni en ningún otro", ha insistido este martes en que no se cumplen los requisitos de la delegación de competencias para que el director general de Trabajo asumiera la concesión de subvenciones, aunque ha precisado que "parecía que por el tiempo transcurrido era conocida por los órganos superiores" esta circunstancia.
Entre otras cuestiones, ha puesto de manifiesto el uso "inadecuado" de las transferencias de financiación para financiar las subvenciones excepcionales, que tenían que haberse usado para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias del ente instrumental. Si bien, considera que si IFA/IDEA hubiese tenido la competencia plena para la concesión de las ayudas "no hubiese habido problemas" para usar las transferencias de financiación, pero en la Ley de Presupuestos venía "claramente" que la competencia era de la Dirección General de Trabajo.
En todo caso, ha añadido que si la Consejería quería usar el dinero de las transferencias de financiación para financiar subvenciones "tenía que haber modificación la clasificación presupuestaria de sus créditos".
En este sentido, ha señalado que hubiesen sido objeto de fiscalización previa los expedientes de las ayudas si no se hubiesen tramitado "inadecuadamente" a través de transferencias de financiación, un instrumento "no previsto" para ello. "Todo lo que concierne a gastos de la Consejería tiene que tener expediente de gasto y someterse a fiscalización", ha indicado.