MADRID, 12 (EUROPA PRESS)
La presidenta de la Asociación del Defensor del Paciente, Carmen Flores, ha solicitado este martes a la Fiscalía Provincial de Madrid que investigue y intervenga en la gestión de una residencia del madrileño barrio de Valdemarín donde, según ha apuntado, han muerto 50 ancianos.
Precisamente hoy, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que presentará una querella contra Carmen Flores por calumnias y difamación. La asociación interpuso ante la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Supremo una denuncia contra la dirigente madrileña por "la presunta comisión de un delito de omisión del deber del socorro y homicidios imprudente" por presuntamente ordenar que los hospitales madrileños no aceptaran ancianos procedentes de residencias durante la crisis del Covid-19.
Ahora, la entidad del Defensor del Paciente se ha hecho partícipe de la denuncia de una mujer que tenía a su madre, de casi 96 años, en la residencia Orpea Valdemarín. Según explica, la anciana quedó confinada el 8 de marzo y enfermó de coronavirus. La familiar pidió a la dirección del geriátrico entrar para evaluar el estado de salud, pero le fue denegado, "cuando la norma dice que se limitarán las visitas, no que se prohibirán por una causa justificada y con la debida protección". La anciana tiene deterioro cognitivo severo por un ictus, come por sonda PEG y tiene afasia y hemiplejia derecha.
"Me consta que están haciendo lo mismo con otros residentes y otras familias que ya les quedan pocas horas para fallecer. Esta siendo un despropósito todo, llevan más de 50 fallecidos en esa residencia, nos estamos enterando por las familias de los fallecidos. De mi grupo de amigos allí, han fallecido los 11 que éramos, solo queda viva mi madre. Los han contagiado mes y medio después de estar cerrada al paso de familiares, no han guardado el más mínimo protocolo de aislamiento, ni de control con el personal, rotando al personal por todas las plantas que es quien les ha llevado el virus a los abuelos y los está matando poco a poco y encima nos quitan el derecho de podernos despedir de ellos", describía en una carta dirigida a finales de abril a la asociación.
Esta familiar asegura también que tuvo que amenazar con interponer una querella criminal por denegación de auxilio para conseguir que su madre fuera derivada a la Fundación Jiménez Díaz donde, a pesar de su avanzada edad, se recuperó. Ahora, según indica, ha sido trasladada por la Comunidad de Madrid a la residencia Amavir Arganzuela para que pudiese dar el mejor tratamiento posible por el deterioro cognitivo que se había producido en su madre por el aislamiento y la separación de sus familiares.
De hecho, en un informe médico fechado el 26 de abril, se recomienda levantar el aislamiento y el paso de familiares para su recuperación cognitiva. "Cuál es mi sorpresa a la llegada de esta nueva residencia que se me impide el paso igual. Desde 4 de mayo sólo la he podido ver una vez por videollamada y me dicen que las videollamadas serán cada 15 días y que no esperan que pasemos hasta julio. He salido de Málaga para meterme en malagón", se queja la hija de la residente.
"¿Es que tengo que esperar a que un día me llamen y me digan que mi madre ha muerto de pena, sin ver a su familia después de que la han contagiado en la anterior residencia el Covid y lo ha superado?. No me resigno a pensar que el final de mi madre tenga que ser así, rodeado de unos extraños y sin si familia. Les he recordado a los directores q las visitas no están prohibidas sólo limitadas y hacen caso omiso a esa ley", asevera en una nueva comunicación.