España ha firmado, junto a otros tres países de la Unión Europea (UE) -Francia, Italia y Austria, y Reino Unido, un acuerdo multilateral con EEUU por el que se suspende la amenaza arancelaria de la primera potencia mundial y se resuelven las incompatibilidades de los impuestos digitales con el marco tributario internacional del G20 y 136 países de la OCDE. En virtud de este pacto, los países europeos se han comprometido a suprimir sus respectivas tasas Google antes del fin de 2023 a cambio de que la Casa Blanca abandone las penalizaciones comerciales.
De esta manera, España y el resto de países del pacto mantendrán sus respectivos impuestos digitales nacionales hasta que entre en vigor el primer pilar del acuerdo sobre fiscalidad de empresas al que llegó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a petición del G20. Este entrará en vigor el 31 de diciembre de 2023 como fecha límite.
Como contrapartida, Washington retirará todas las medidas arancelarias impuestas a dichos países. En junio, EEUU aprobó un arancel del 25% a una serie de productos españoles del sector textil, como sombreros y gorros, cinturones y bandoleras, y bolsos; el calzado; la cristalería interior o las gambas y pulpos, si bien la medida estaba sujeta a una moratoria de seis meses que la mantenía suspendida hasta finales de noviembre. Estos gravámenes se aplicaron represalia por el impuesto sobre servicios digitales de España.
El Gobierno español ha anunciado este acuerdo mediante un comunicado en el que se explica que "el acuerdo alcanzado demuestra la voluntad de España por llegar a consensos internacionales en temas tan importantes como mejorar la fiscalidad internacional para hacerla más justa, pero también es un ejemplo del liderazgo del Gobierno para defender los intereses de nuestro país en el ámbito tributario y comercia", ha defendido la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, que califica el acuerdo como "una solución pragmática".
Asimismo, despeja el terreno al acuerdo internacional para que las grandes corporaciones tributen a un tipo mínimo del 15% en todo el planeta y para que su tributación sea repartida entre todos los territorios en los que operan realmente aunque no tengan presencia física.
