La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha desestimado los recursos interpuestos por el Ministerio Fiscal, la acusación particular y las acusaciones populares contra el auto del 21 de junio en el que se decretaba la puesta en libertad de los cinco condenados de 'La Manada'.
La Sala indica en esta resolución, de la que se hace eco Europa Press este miércoles, que su decisión es "firme" y que contra ella no cabe recurso alguno, aunque las acusaciones siempre pueden pedir la revocación de la libertad si detectan nuevos motivos para ello. Este auto vuelve a contar con el voto particular del presidente de la Sala, que muestra su "discrepancia" con respecto a que la prisión provisional pueda ser eludida mediante fianza. Por tanto, la resolución de ha adoptado por dos votos contra uno, lo que vuelve a poner en evidencia la división que existe en el tribunal sobre este tema.
En cuanto a la situación del guardia civil Antonio Manuel Guerrero, el recurso presentado contra él por acudir a una oficina del DNI en Sevilla para intentar obtener el pasaporte, la Sala indica que será objeto de la debida resolución en un auto independiente. Es decir, que la respuesta sobre este asunto queda pendiente. El recurso sostenía que en su caso existe un mayor riesgo de fuga, evidenciado en el hecho de que intentó renovar su pasaporte al quedar en libertad bajo fianza.
Según recoge El Mundo, los dos magistrados que ratifican la libertad bajo fianza lo hacen arguyendo que en caso de huida o de que los acusados incumplan alguna de las medidas impuestas, las Fuerzas de Seguridad podrán actuar y resolverán con eficacia la situación.
"La adopción de otras medidas cautelares menos gravosas que la prisión provisional descansa inevitablemente en la confianza de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actuarán conforme al principio de eficacia que les debe ser propio, posibilitando la efectividad de tales medidas, incluida, en su caso, la pronta localización de los procesados si incumplieren algunas de las obligaciones o prohibiciones que les han sido impuestas, contribuyendo así al fin de evitar que eludan la acción de la justicia", defiende.
Por otro lado, en lo que respecta al riesgo de que vuelvan a cometer un delito del mismo tipo, el auto ratifica que estima "poco menos que impensable" que algo así suceda, debido a la pérdida de anonimato de los procesados y la repercusión social que ha tenido el caso.
