El Consejo de Ministros ha solicitado al Senado la tramitación urgente de la ley inmobiliaria para que se apruebe en la Cámara Alta en un plazo de veinte días en lugar de en dos meses. El Gobierno quiere así evitar una posible multa por parte de Bruselas, que ya pidió al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que sancionara a España con 105.991,6 euros diarios por no tramitar a tiempo la trasposición de la directiva correspondiente.
La ley se encuentra actualmente en el proceso de tramitación en el Congreso de los Diputados, donde se preveía que estuviera aprobada hace semanas. No obstante, los cambios de decisión del Tribunal Supremo sorprendieron a la Cámara Baja, que decidió esperar a un pronunciamiento definitivo para aprovechar e incluir un reparto de los gastos hipotecarios en la norma. Así, aún no está lista para pasar al Senado pero, una vez que lo haga, el Gobierno quiere que el proceso solamente se alargue veinte días.
Según ha informado la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Isabel Celaá, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Ejecutivo "no quiere pagar más multas" por el retraso en la transposición de normas europeas, por lo que está haciendo "un esfuerzo importante y significativo" en relación a la transposición de directivas.
REGULACIÓN DE PLANES Y FONDOS DE PENSIONES
En el marco de esta "prisa" por no retrasar la transposición de directivas europeas a la normativa española, el Gobierno ha aprobado también un anteproyecto de ley por el que se modifica el texto refundido de la Ley de regulación de planes y fondos de pensiones. Según ha explicado la portavoz del Gobierno, se trata de actualizar o trasladar a la legislación española una directiva de 2016 relativa a las actividades y supervisión de los fondos de pensiones de empleo.
La Directiva (UE) 2016/2341 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de diciembre de 2016, relativa a las actividades y supervisión de los fondos de pensiones de empleo (FPE), incluye novedades que tienen por objeto garantizar el buen gobierno y la supervisión prudencial de los fondos de pensiones de empleo, el suministro de información adecuada a los partícipes y beneficiarios y la transparencia y la seguridad de los planes de pensiones de empleo.
Esta nueva norma introduce novedades y modificaciones como la clarificación de las notificaciones entre las autoridades de los Estados miembros de acogida del plan de pensiones y de origen del fondo de pensiones de empleo, la introducción de un procedimiento de autorizaciones previas por parte de las autoridades competentes de los Estados miembros en las transferencias transfronterizas, la regulación detallada de las obligaciones de información y el establecimiento de normas generales relativas a la supervisión prudencial, entre otros aspectos.
