El Gobierno no aprobará hasta el primer trimestre de 2023 la reforma fiscal en profundidad encargada a los expertos, que evaluará tanto las imposiciones directas como las indirectas, las medioambientales y los tributos que gravan la riqueza, según se contempla en el apartado de fiscalidad del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado a Bruselas.
No obstante, algunos cambios fiscales, como la creación de los impuestos sobre residuos y plásticos, se irán incorporando antes. En concreto, estos se remitirán a las Cortes en el segundo trimestre de 2021 con el objetivo de que entren en vigor en el tercer trimestre.
Asimismo, en el primer trimestre de 2022 se analizarán y revisarán los impuestos sobre circulación y matriculación. Del mismo modo, en el segundo trimestre de 2022 se aprobará la reforma del Impuesto sobre Gases Fluorados y en el cuarto se revisará la imposición sobre los hidrocarburos, a fin de ajustar las bonificaciones fiscales del diésel sobre la gasolina.
El Gobierno se ha comprometido frente a Bruselas a evaluar también 15 beneficios fiscales entre el segundo trimestre 2021 y 2024, de manera que se valoren cinco por año. Estos serán seleccionados por un grupo de trabajo dependiente del Ministerio de Hacienda.
Así, en el primer trimestre de 2022, 2023 y 2024 se presentarán el correspondiente informe y las conclusiones del análisis de los beneficios fiscales analizados en el ejercicio anterior y, en su caso, se tomarán las decisiones de reforma, "si la situación económica lo permite" que, en cualquier caso, se aprobaría en el primer trimestre de 2023, con el resto de la reforma fiscal.
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