La agencia de calificación Fitch ve "incierta" la estabilidad política tras las elecciones generales del próximo 28 de abril, tanto como los resultados de las mismas, mientras que el análisis del espectro político actual apunta a que se generarán mayores tensiones sobre el tema de la independencia catalana.
Las principales cuestiones que afectarían al perfil del crédito soberano en España están relacionadas con las consecuencias que el resultado electoral tenga sobre la política fiscal, la deuda pública y el PIB, además de las tensiones catalanas.
Pedro Sánchez anunció elecciones anticipadas para el próximo 28 de abril. El PSOE estaba en el poder desde junio de 2018 gracias al apoyo de Unidos Podemos y otros autonómicos, entre los que se encuentran los catalanes independentistas. La negativa de estos a apoyar por Presupuestos Generales del Estado de 2019 desencadenó el adelanto electoral.
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Por ahora, los sondeos apuntan a una carrera bastante reñida entre partidos, con el acuerdo entre PP y Cs como resultado más probable, apoyado por Vox. Si el apoyo al PSOE y a Cs mejora significativamente, también podrían formar gobierno, mientras que la posibilidad de continuar con el gobierno en minoría del PSOE pende de un hilo al ser necesario, de nuevo, el apoyo de los partidos catalanes.
La agencia no dejó fuera la evolución política cuando elevó el rating de España a 'A-' en enero. El desempeño macroeconómico de España ha demostrado ser resistente a los períodos de incertidumbre política de los últimos años, con un PIB sólido ante la mayor ralentización de la zona euro.
Las elecciones anticipadas no alteran de manera sustancial las previsiones de Fitch para el déficit fiscal del 2,1% del PIB. Las estimaciones de este si no se produciera cambio político son de entre el 2,2% y el 2,4% del PIB, aunque predicen una nueva reducción cíclica en 2020 hasta el 1,8% del PIB, con una ligera disminución de la deuda pública hasta el 94,5% ese año y de hasta el 87,2% en 2027.
La elevada deuda pública de España y la ausencia de un ajuste fiscal estructuras son unas limitaciones clave para la calificación. Si las elecciones dan lugar a un gobierno más estable que reduzca la deuda pública más rápidamente, por ejemplo, mediante una combinación de políticas más favorables al crecimiento o un mayor ajuste fiscal estructural, que favorecerían a la calificación.
La previsión de enero también valoraba un endurecimiento en las posturas de los partidos de la oposición sobre Cataluña, por lo que la calificación de España ya incorpora un ajuste cualitativo a la baja que refleja la posibilidad de que las tensiones sostenidas o su intensificación puedan tener un impacto más negativo en el crédito español que durante la anterior suspensión de las Cortes de octubre de 2017.
Teniendo en cuenta los acontecimientos recientes, existe riesgo de que aumenten esas tensiones y se plantea el reto de encontrar soluciones políticas sostenibles. A corto plazo, la campaña electoral y el juicio del Proces estarían afianzando posiciones y los partidos de la oposición habían aumentado su popularidad entre la ciudadanía, por lo que sería más difícil para el próximo Gobierno lograr un compromiso.
