- El coste de la deuda se limita al 1,5% pese a tener un rating de 'bono basura' para S&P, Moody's y Fitch
- Todas las regiones incrementan su dependencia del Estado mientras negocian un nuevo modelo de financiación autonómica y antes de volver al mercado
Tanto la Generalitat de Cataluña como, según las encuestas, cerca de la mitad de los catalanes, abogan por la independencia de la región. Eso sí, por ahora no será financiera. La dependencia de la comunidad autónoma con Moncloa o, más concretamente, con el Tesoro, se ha disparado y no tiene visos de frenarse.
La Comunidad Valenciana es la región más endeudada de España con un 42% de deuda sobre PIB. Seguidamente aparecen Castilla-La Mancha y Cataluña, en ambos casos con ratios del 36%, según las previsiones para 2017 de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). En el caso catalán, equivale a una deuda de más de 80.000 millones de euros, frente al PIB de 223.629 millones con el que acabó 2016, acorde a las cifras del instituto catalán de estadística (Idescat).
El apalancamiento de las administraciones públicas catalanas y la incertidumbre política que rodea a la comunidad han provocado que en los últimos años las principales agencias de rating hayan rebajado la calificación crediticia hasta hundirla en 'bono basura', con notas de Ba3 para Moody's, B+ para S&P y BB para Fitch. Sin embargo, el coste financiero de su deuda se limita al 1,5%, por debajo, por ejemplo, del que soporta Estados Unidos al emitir bonos de largo plazo.
La razón es que la Generalitat no acude al mercado para colocar su deuda, sino que se la queda el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), una línea de crédito para las comunidades que lanzó el Gobierno en 2012, en el peor momento de la crisis de deuda europea y con la prima de riesgo disparada. El marco general depende del Ministerio de Economía y Competitividad, cuyo titular es Luis de Guindos. Sin embargo, la administración y los recursos corresponde a Hacienda. Es decir, los gobiernos regionales tienen que lidiar con Montoro.
El FLA ha pasado de tener el 61,3% de la deuda catalana al terminar el segundo trimestre de 2016 hasta alcanzar el 68,9% al terminar el año
Los datos publicados este miércoles por AIReF en su Observatorio de Deuda, que constata que el endeudamiento general de España no bajará hasta el objetivo del 60% en 2037 si se mantiene el ritmo actual, reflejan el crecimiento de la dependencia financiera de Cataluña. El FLA ha pasado de tener el 61,3% de la deuda catalana al terminar el segundo trimestre de 2016 hasta alcanzar el 68,9% al terminar el pasado año. Es decir, casi ocho puntos porcentuales más en apenas seis meses. Traducido a euros: es un aumento de más de 6.000 millones.
El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha estado recientemente en Estados Unidos en una gira de cinco días con el fin de recabar apoyos para la deriva independentista de su gobierno para mantener vivo el órdago soberanista que inició Artur Mas en 2012 tras la marcha de la Diada, y que cuenta con el apoyo del 44,3% de los catalanes en el último sondeo publicado por la Generalitat, frente al 48,5% que suman sus detractores. Eso sí, defender la independencia y la incorporación de Cataluña como nación al olimpismo es más fácil que explicar a los estadounidenses que su deuda paga menos intereses que la que emite el Tesoro norteamericano (triple A para las agencias) pese a estar calificada como 'bono basura'.
EL ESTADO ES EL MAYOR ACREEDOR DE LAS CCAA
La tendencia de mayor dependencia respecto a Hacienda no es única por parte de Cataluña. Es generaliza. Según en este caso estadísticas del Banco de España recopiladas por S&P, la deuda autonómica financiada por el Gobierno alcanzó un máximo histórico del 49% durante el pasado año, desde el 0% que tenía en 2012, antes de la creación del FLA. Durante la segunda mitad de 2016 las ratios se elevaron (ver cuadro de AIReF a continuación), con la excepción de País Vasco y Navarra, que no participan con su régimen foral. Los porcentajes más altos corresponden a Murcia (85%), Comunitat Valenciana (81,5%), Castilla-La Mancha (72,7%), Andalucía (71,3%), Islas Baleares (70%), Cataluña (68,9%) y Canarias (66,5%). En el lado contrario, las regiones menos dependientes al finalizar el último ejercicio son Madrid (6,7%), Castilla y León (19,4%) y Aragón (36%).
"El FLA, tal y como se ha implementado en nuestro país, es un claro ejemplo de lo que es un mal diseño de incentivos para hacer cumplir los objetivos de corresponsabilidad fiscal", avisa José Félix Sanz, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid e investigador de Funcas. "La decisión de eliminar los costes financieros de esta financiación ha supuesto un incentivo claro a la irresponsabilidad financiera de las Comunidades. Desde hace tiempo, las Comunidades deberían haber salido a los mercados de deuda y someterse a la disciplina de los mercados", añade este experto, que sostiene que la situación provoca una "inviabilidad financiera autogenerada".
Las administraciones públicas redujeron su endeudamiento en 2016 hasta el 99,4% del PIB, lo que equivale a 1,106 billones de euros, desde el 99,8% en el que habían empezado el año. Tanto la Administración Central, como la Seguridad Social y las corporaciones locales redujeron su apalancamiento, mientras que el conjunto de las comunidades autónomas lo elevó tres décimas hasta el 24,9% del PIB. Su objetivo estaba en el 24,4%, mientras que la meta de largo plazo es el 13%. Sólo tres lo han reducido: Baleares, Canarias y, precisamente, Cataluña.
Los economistas de AIReF dibujan en su estudio un mapa (ver a continuación) del esfuerzo regional en días de producción o trabajo (PIB) que necesitaría dedicar íntegramente cada región para pagar su deuda. Los mayores periodos corresponden a la Comunitat Valenciana, con 155 días, seguida de los 135 días de Castilla-La Mancha y los 129 días de Cataluña. Madrid y País Vasco son las que menos, con 53 días.
HACIA UN NUEVO MODELO
La negociación del nuevo modelo de financiación autonómica comenzó en enero con la VI Conferencia de Presidentes y, por el momento, aún no hay resultados tangibles. El grupo de 21 expertos seleccionados por las autonomías y aprobado por el Consejo de Ministros empezó a funcionar el 10 de febrero con tres meses por delante para llegar a un acuerdo, que debería por lo tanto conocerse en mayo. “Es ahora o nunca”, asegura el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Eduardo Bermúdez de Castro.
La financiación autonómica de los últimos años data de 2009, tras las negociaciones que dirigió el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Los ingresos autonómicos proceden los impuestos cedidos totalmente como Patrimonio o Transmisiones Patrimoniales, y los cedidos parcialmente, como IRPF, IVA o Especiales. De estos ingresos las comunidades del régimen común (todas salvo País Vasco y Navarra) se quedan con el 25%, mientras que el resto se distribuye a través de tres fondos que tienen el objetivo de solidaridad entre regiones para recortar la brecha de la renta per cápita y de nivelar los ingresos en función de las necesidades: el Fondo de Garantía de Servicios Públicos (FGSPF), que es el más importante; el Fondo de Suficiencia Global (FDG) y el Fondo de Convergencia (FCV).
Esto ha provocado que el ranking por esfuerzo fiscal de los ciudadanos tenga diferente orden al de financiación por habitante. Uno de los economistas que participan en el debate es Ángel de la Fuente, director de Fedea, quien defiende que se respete el orden. Es decir, que los principios de solidaridad y nivelación reducen la diferencia entre comunidades sin alterar el ranking final desde la recaudación hasta el total de dinero para gastar. “Es una restricción razonable que el sistema debería respetar”, asegura en un análisis sobre la financiación autonómica. De hecho, en un documento que publica BBVA Research, el experto muestra con los datos de 2014 (ver tabla) que Madrid, que es la que más capacidad fiscal tiene por habitante, pierde siete posiciones tras el Fondo de Garantía en la clasificación de financiación por habitante.
Por su parte, Valentí Pich, presidente del Consejo General de Colegios de Economistas, sostiene que el modelo actual es un guirigay que debe evolucionar hacia uno comprensible: “Lo más importante es la transparencia, sin que haya discrecionalidad. Siempre va a haber intereses políticos en diferentes direcciones y conflictos, como sucede en todos los países occidentales con competencias e ingresos cedidos, pero hay que hacer un esfuerzo por que el modelo se entienda. Si es más simple y puede interpretar bien, se limitarán los problemas”.
La sostenibilidad de las cuentas es otro punto que deben atender los expertos, defiende José Felix Sanz. El investigador de Funcas pide para ello que haya un sistema que obligue a los gobiernos autonómicos a tener responsabilidad con sus decisiones de gasto, mientras que añade "el respeto a la estabilidad presupuestaria como máxima ineludible".
