El 2017 de Montoro: reprobado, sin presupuestos y con las CCAA en 'pie de guerra'

Montoro es una de las caras más conocidas del equipo de Gobierno de Mariano Rajoy para la ciudadanía. En el CIS de octubre, en el último que se preguntó a los españoles sobre los ministros, era el segundo más conocido, con un 76,5% de los encuestados respondiendo que sabe quién es. Sólo por detrás de Soraya Sáenz de Santamaría (83,5%), empatado con María Dolores de Cospedal y por delante de ministros como Luis de Guindos (Economía, Industria y Competitividad), Fátima Báñez (Empleo y Seguridad Social) o Íñigo Méndez de Vigo (Educación, Cultura y Deporte, y portavoz del Gobierno). El mayor conocimiento se traduce, paralelamente, en una peor valoración. La nota media de los que lo califican es del 2,5, sólo menos que el 2,42 que dan a Álvaro Nadal, ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital.

El resultado del CIS es consecuente con el hecho de que Montoro ha sido uno de los principales blancos hacia los que disparan sus críticas o demandas los partidos de la oposición, algunas comunidades autónomas y, en ocasiones, los agentes sociales. No en vano, su cartera es la responsable de elaborar los presupuestos, que se están tornando en todo un desafío con un Parlamento fragmentado; de coordinar la negociación para establecer el nuevo modelo de financiación autonómica que está llamado a ser una de las grandes reformas de la legislatura; y de negociar las subidas salariales de los funcionarios, que finalmente alcanzarán el 1,5% en 2018 aunque no haya presupuestos, según acordó Hacienda con los sindicatos.

Montoro ha sido uno de los principales blancos hacia los que disparan sus críticas o demandas los partidos de la oposición

Si el cóctel ya es de por sí explosivo, hay que añadir su reprobación por parte del Congreso de los Diputados, la segunda vez que pasa en la historia de la democracia después de que sufriera el mismo correctivo el ministro de Justicia, Rafael Catalá. Montoro fue reprobado a iniciativa del PSOE con el apoyo de todos los grupos parlamentarios salvo el PP y el PNV, que se abstuvo porque la amnistía fiscal no se aplicó en País Vasco. La medida que Montoro define como “regularización fiscal” fue anulada por el Tribunal Constitucional, cuya sentencia no tiene efectos prácticos pero sirvió como varapalo al Gobierno y de argumento a sus detractores.

Entre las cuestiones pendientes de Montoro también está que Hacienda cumpla con la promesa electoral del PP de revisar la fiscalidad de los planes de pensiones, en una legislatura en la que por ahora ha sido el Ministerio de Economía el que ha aprobado una modificación del reglamento para hacer más atractivos estos productos con una reducción de las comisiones máximas en los más conservadores y regular la ventana de liquidez a partir de los diez años.

EL PNV REGATEA A MONTORO

Montoro afronta ahora un nuevo periodo de negociaciones con el objetivo de sacar adelante unos presupuestos para 2018 que, por ahora, serán los prorrogados de 2017. Este año contó con el apoyo de Ciudadanos, PNV, los nacionalistas canarios de Coalición Canaria y Nueva Canarias, Foro Asturias y UPN. Este apoyo no ha sido gratuito, con un compromiso de inversiones tanto en Canarias como en País Vasco.

Para 2018, además, Ciudadanos exige una rebaja del IRPF. Aunque el problema es que el Gobierno dejó de contar con la suma de los seis diputados de PNV ante la crisis política de Cataluña, lo que evitó que el Ejecutivo llevara al Congreso los presupuestos antes del 1 de octubre, tal y como recoge la Constitución. Esta misma semana el portavoz en el Senado del PNV, Jokin Bildarratz, ha asegurado que no tienen “nada que decir” sobre presupuestos hasta que Moncloa dé solución a la crisis de Cataluña.

Así, el PNV evita comprometerse con Montoro pese a que Hacienda acordó con el Gobierno de Íñigo Urkullu un cupo vasco de 1.300 millones de euros anuales para el quinquenio entre 2017 y 2021. Comparando esta cifra con la base del quinquenio 2007-2011, último para el que hubo un pacto, el economista Ángel de la Fuente, investigador de Fedea y del CSIC, estima una ganancia de 1.300 millones de euros para la Hacienda vasca. En cualquier caso, Montoro no estará sólo. Al menos, eso ha prometido Mariano Rajoy. El presidente del Gobierno aseguró este viernes que se volcará en la aprobación de unos presupuestos para 2018: “En ello pondré mis esfuerzos. Intentaremos renovar los pactos políticos”, dijo.

El único consenso entre los ejecutivos autonómicos es la necesidad de modificar el modelo de financiación autonómica que concreta el reparto de los ingresos que se obtienen con los impuestos que recauda el Estado

Por ahora, el intento de ‘compra’ de votos del PNV no ha servido para tener presupuestos en 2018, pero sí para generar malestar entre las comunidades autónomas. El único consenso entre los ejecutivos autonómicos es la necesidad de modificar el modelo de financiación autonómica que concreta el reparto de los ingresos que se obtienen con los impuestos que recauda el Estado pero que están parcialmente cedidos, como el 50% del IVA y del IRPF, y el 58% de los impuestos especiales, y que sirve para financiar competencias tan importantes como sanidad o educación.

BATALLAS DE LAS CCAA

El Consejo de Política Fiscal y Financiera es el responsable de llegar acuerdos sobre esta cuestión. En este órgano participan los gobiernos autonómicos y los ministros Cristóbal Montoro y Soraya Sáenz de Santamaría. Para ello, cuentan con el informe realizado por una comisión de 21 expertos, de los que 15 fueron elegidos por las comunidades del régimen común -salvo Cataluña, que se negó a participar- y otros 6 por parte del Estado.

“Es un informe técnico de líneas rojas que deja espacio a la negociación política”, aseguró en una entrevista con ‘Bolsamanía’ el economista elegido por Madrid, Jorge Onrubia. Sin embargo, algunas ya se están traspasando en las demandas de varios ejecutivos autonómicos, que reclaman una quita de deuda. Otra batalla pendiente es el statu quo, que si se valida consiste en dar recursos adicionales a las comunidades que salgan perdiendo en el nuevo reparto para que mantengan su capacidad presupuestaria. Mientras que el choque de los principios de nivelación y ordinalidad conforman también una importante disputa. El primero hace referencia a que el modelo acerque a las comunidades hacia tener la misma capacidad financiera para sus competencias, y el segundo exige que no se altere un ranking de renta o recaudación por las injerencias del reparto de recursos.

En medio de estas tormentas, habrá un motivo por el que Montoro sí podrá presumir en 2018 si se cumplen las previsiones. Lo hará junto a Luis de Guindos, el otro gran ministro económico en la ‘era Rajoy’. España saldrá del procedimiento de déficit excesivo (PDE), ya que por primera vez desde que comenzó la crisis se espera que las administraciones públicas acaben con un desequilibrio presupuestario inferior al 3% del Producto Interior Bruto (PIB). En esencia, situarse bajo este umbral implica reducir la tutela presupuestaria en la que vive España respecto a Bruselas, aunque el Gobierno podría seguir siendo un mal alumno: el Plan Presupuestario enviado a la Comisión Europea anticipa un déficit del 2,3% del PIB en 2018, una décima más de lo acordado. La culpa, aseguran en Moncloa, es del efecto que provocan los independentistas catalanes en la economía.