La nueva ley recoge medidas para luchar contra la morosidad desde la contratación pública e impulsa una lista negra de empresas morosas
MADRID, 30 (EUROPA PRESS)
El Pleno del Congreso ha aprobado y enviado al Senado el proyecto de ley de creación y crecimiento de empresas, la conocida como 'Ley crea y crece', con el apoyo del PP y PDeCAT, y la abstención de Esquerra Republicana y el PNV.
Concretamente, han votado a favor del proyecto el PSOE, el PP, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, el PDeCAT, Compromís, Coalición Canaria, Foro Asturias, el PRC, y Teruel Existe. Se han abstenido Vox, Ciudadanos, el PNV, EH-Bildu, Junts, Más País-Equo y el BNG, mientras que la CUP ha sido la única formación en votar en contra.
El proyecto contiene la modificación de doce leyes para mejorar las condiciones de financiación de las empresas, facilitar la constitución de las sociedades y perseguir la morosidad entre las mismas con medidas desde la contratación pública.
INCENTIVOS Y GARANTÍAS PARA IMPEDIR LA MOROSIDAD
No un régimen sancionador, como demandaba buena parte de la Cámara, pero sí incentivos como la exigencia de un certificado de pagos a los subcontratista por parte de un ajudicatario, la retención de las garantías una vez se inicien legales contra un contratista por incumplir los plazos o la prohibición de acceder a la contratación pública.
También, independientemente de si se recogen en los pliegos o no, se aplicarán sanciones de hasta el 50% del importe del contrato cuando haya una resolución firme y, a la hora de pedir una subvención, se exigirá acreditar que todo gasto subvencionable esté pagado en plazo.
Otros incentivos pasan por una lista negra de la morosidad --entrarán empresas con 600.000 euros y el 10% de sus facturas fuera de plazo--, la obligación de revelar en su web y memoria de cuentas anuales el volumen total y relativo de las facturas pagadas fuera de plazo y la prohibición de obligar a una empresa a utilizar una plataforma concreta de facturación electrónica.
EL 'CREA' SÍ, ¿PERO EL 'CRECE'?
Sin embargo, grupos como el PP o el PNV han señalado como "principal déficit" la falta de medidas para facilitar el crecimiento de las empresas, donde estos grupos creen que "se podría haber sido mucho más ambicioso".
"No entendemos cómo lo más importante no se ha legislado adecuadamente", ha lamentado el diputado 'popular' Miguel Ángel Paniagua, que cree que el proyecto "se centra sólo en mejorar la capacidad de financiación" y se echa en falta la reducción de trámites administrativos y una generalización de los silencios positivos o la declaración responsable.
"Se incide mucho en la creación y no tanto en el crecimiento, vital para que las empresas se mantengan", ha dicho Idoia Sagastizabal, portavoz económica del PNV, que también ha cargado contra lo que considera un "control político administrativo centralizado" del Ministerio de Asuntos Económicos en sus mecanismos de control al resto de administraciones, superando los ya previstos en la Ley General de Mercado.
ERC Y PNV SE MUEVEN TRAS RECHAZAR EL PROYECTO EN COMISIÓN
Sin embargo, tras un acuerdo alcanzado con el Gobierno, el PNV ha movido su voto en contra en la Comisión a la abstención, al igual que ERC, que también celebra los últimos acuerdos para reforzar las garantías contra la morosidad empresarial, como es un certificado del pago a sus subcontratistas en cada certificación de obra.
Un acuerdo alcanzado por PSOE, Unidas Podemos, ERC y PDeCAT, cuyo portavoz, Ferrán Bel, ha celebrado la modificación de hasta cinco regulaciones para combatir la morosidad, tipificándola como práctica de competencia ilegal en la Ley de competencia desleal, e impulsando medidas coercitivas desde la Ley General de Subvenciones, la Ley de contratos del sector público o la factura electrónica.
FALTA EL RÉGIMEN SANCIONADOR A LA MOROSIDAD
Sin embargo, Bel ha lamentado la falta de un régimen sancionador como el que plantea el PDeCAT en una proposición de ley sepultada tras sucesivos plazos para presentar enmiendas, al igual que Junts, cuya diputada Pilar Calvo ha atribuido esta ausencia al "miedo reverencial a las grandes empresas" del Gobierno.
También ha lamentado su ausencia una de las formaciones de Gobierno, Unidas Podemos, cuyo diputado Txema Guijarro ha señalado cómo, pese a que las empresas del Ibex cobran a 68 días --el plazo legal máximo es de 60--, estas pagan a sus proveedores a 193 días, según datos de la CNMV, representando el 61% de toda la morosidad pese a no ser siquiera el 1%. En todo caso, ha celebrado los "poderosos incentivos" que recoge la nueva norma para hacer cumplir los plazos, siendo además "más exigentes" con las grandes.
CONSULTAS EN EL REGISTRO MERCANTIL POR VÍA TELEMÁTICA
Por otro lado, durante la tramitación parlamentaria de la norma, la oposición ha conseguido introducir varios cambios en contra del criterio del Gobierno, la última una enmienda de Esquerra Republicana aprobada en el Pleno para asegurar que el desarrollo reglamentario sobre la factura electrónica cuente con un proceso de escucha por parte de las organizaciones.
Otras enmiendas, de ERC, PDeCAT y Ciudadanos, aprobadas con el voto en contra del PSOE y Unidas Podemos, van dirigidas a asegurar la posibilidad de constituir sociedades a través del CIRCE desde otro Estado miembro, y la habilitación de un servicio remoto de atención al público en cada Registro Mercantil para evacuar consultas vinculantes, incluso a través de videoconferencia, para facilitar la constitución de sociedades de responsabilidad limitada.