El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves convalidar el decreto ley que recoge el acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) sobre la cesión de los remanentes de los ayuntamientos, que ha quedado derogado.
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La votación ha deparado 156 "síes"; todos los demás votos han sido "noes" y no se han registrado abstenciones.
El Ministerio de Hacienda llegó a un acuerdo de última hora con sus socios de Unidas Podemos que ha permitido el apoyo de los morados y sus confluencias, pero no ha logrado sumar a ningún otro grupo parlamentario.
Es la primera vez que el Gobierno de coalición de socialistas y morados pierde una votación sobre la convalidación de un decreto ley.
María Jesús Montero lanzó ayer distintas propuestas sobre el reparto de los 5.000 millones, incluyendo suspender la regla de gasto este año y el próximo y convalidar el decreto para después tramitarlo como proyecto de Ley. Proponía así incluir las enmiendas que quieran realizar los grupos y asegurar que este año los consistorios puedan gastar ya 2.000 millones. Pero estas cesiones se quedaban muy lejos del «replanteamiento total» que exigían desde el PP hasta ERC pasando por EH Bildu o Ciudadanos.
Por tanto, intentó intercambiar los porcentajes de reparto. El 60% de los 5.000 millones se repartiría entre todos los ayuntamientos y el 40% restante solo entre aquellos que prestaran a Hacienda su superávit. Su propuesta volvió a ser rechazada de forma unánime y a última hora de la tarde el Senado aprobaba una proposición del PP que solicitaba la retirada del Real Decreto. El Gobierno se quedó solo votando en contra, mientras el PNV, que siguió negociando con el Ejecutivo, se abstuvo. Todas las demás fuerzas políticas votaron a favor, en lo que podría ser una antesala de lo que sucederá hoy en el Congreso.
La última estrategia de Hacienda fue amenazar ayer por la tarde con que no habría una segunda oportunidad en forma de nuevo decreto. Un «lo tomas o lo dejas» que, al cierre de esta edición, seguía sin hacer ceder posiciones a la mayoría de la oposición. Solo el PNV parecía estar dispuesto a negociar, mientras JxCat y el ERC renunciaban a seguir esperando y daban permiso a sus diputado para empezar a votar «no» telemáticamente.
Desde el Ejecutivo insistieron en que no pueden hacer más propuestas para intentar convencer a la oposición y subrayan que ahora deberán ser los responsables de que el decreto decaiga los que pongan sobre la mesa una alternativa.
