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La luz no deja de subir. Los españoles deben enfrentar precios cada vez más elevados, sin que de momento haya remedio a la vista. Este miércoles el precio mayorista de la electricidad, que tiene un peso cercano al 35% sobre la factura final, tocará un nuevo máximo del año, tal y como apunta el operador del mercado ibérico (OMIE), y todo indica que la subida no se va a quedar ahí y que seguirá imparable por una razón: el CO2.

El factor principal de los aumentos que ya se han producido y que, casi con toda seguridad, están por venir es el incremento que se ha producido en el precio de los derechos de las emisiones de CO2 en Europa, que se aplican precisamente al mercado mayorista. Las centrales tienen que pagar por emitir CO2 a la atmósfera cuando generan electricidad, y eso es lo que se conoce como derechos de emisión, que son una especie de tasa medioambiental que se debe abonar por la contaminación que provoca la generación.

El año pasado la producción eléctrica por carbón, la más contaminante, elevó su cuota al 17,1% desde el 14,2% registrado en 2016

Los expertos señalan que los derechos de emisión, que fija la Unión Europea (UE), se han multiplicado por cuatro en lo que va de año, pasando del relativamente modesto precio de los 5 euros por tonelada de hace un año a los 21 euros por tonelada actuales, y eso está haciendo que las energéticas vendan más cara la electricidad que generan. Los derechos de emisión de CO2 deben ser asumidos por las empresas, pero lo cierto es que están repercutiendo directamente en la factura de los clientes.

"Las energéticas reflejan el coste del CO2 en sus ofertas", explica a 'Bolsamanía' Francisco Valverde, consultor energético y analista del mercado eléctrico, que señala que esta tasa afecta, sobre todo, a la generación vía carbón, que es la más contaminante. El año pasado la producción eléctrica por carbón elevó su cuota al 17,1% desde el 14,2% registrado en 2016, tal y como apunta el informe de Red Eléctrica 'El sistema eléctrico español 2017', publicado el pasado mes de junio, y eso a pesar de que el objetivo de los derechos de emisión es, precisamente, reducir la producción eléctrica por carbón.

Sin embargo, la producción con fuentes fósiles aún tiene un peso importante, como muestran estos datos, aunque la mayor parte de la generación se cubrió con la nuclear, que en 2017 tuvo un peso del 22,4% (22,6% en 2016), seguida de la eólica con el 19,1% (19% en 2016). Tras ello se situó el carbón, y después la generación por ciclos combinados, con un peso del 13,6% (10,3% en 2016), mientras que la hidráulica se redujo al 7,4% (14,5% en 2016). El resto de la producción se repartió entre la cogeneración (11,3%), las tecnologías solares (5,4%) y otras (3,7%).

No es de extrañar, por tanto, que las energéticas estén preocupadas, aunque las más afectadas por el aumento del precio de los derechos de emisión son aquellas en las que la generación por carbón tiene más peso. Es el caso de Endesa, que genera 19.033 GWh por esta vía, siendo esta su segunda fuente por detrás de la nuclear, mientras que otras como Naturgy producen 5.953 GWh. Iberdrola, por su parte, genera 2.642 GWh de electricidad por esta vía.

¿POR QUÉ HA SUBIDO EL PRECIO DE LOS DERECHOS DE EMISIÓN DE CO2?

El precio de los derechos de emisión se ha incrementado en los últimos meses como consecuencia, según apuntan fuentes del sector, de las previsiones del mercado, que está anticipando una mayor escasez de estos derechos de emisión a partir del año que viene. La UE tiene previsto retirar un porcentaje en las subastas de CO2, lo que significa que habrá menos derechos de emisión disponibles y que los que ya hay serán más caros. Y es que estos derechos de emisión son transferibles, por lo que se pueden comprar y vender, y hay un mercado en torno a ellos.

Por ejemplo, emitir una tonelada de CO2 costaba el año pasado alrededor de 5 euros y ahora cuesta unos 21. Cada megavatio que produce una central de carbón emite una tonelada, y por eso la producción con este combustible, por el hecho de emitir CO2, supone unos 14 euros de incremento en el coste de producción, que se está extrapolando a la factura.

Al final de cada año las empresas deben entregar suficientes derechos para cubrir todas sus emisiones ya que, en caso contrario, la UE les impone fuertes sanciones. Por eso, si una empresa reduce sus emisiones puede conservar sus derechos sobrantes para cubrir necesidades futuras, o bien venderlos a otra empresa que no tenga suficientes.

Al final de cada año las empresas deben entregar suficientes derechos para cubrir todas sus emisiones si no quieren enfrentarse a fuertes sanciones

Este mercado funciona según el principio de 'limitación y comercio', de forma que la cantidad total de determinados gases de efecto invernadero que pueden emitir las instalaciones contempladas en el régimen está sujeta a un límite máximo. Ese límite se reduce a lo largo del tiempo, y las emisiones totales disminuyen. Dentro del límite establecido, las empresas reciben o compran derechos de emisión con los que pueden comerciar entre sí en función de sus necesidades, pero también pueden comprar cantidades limitadas de créditos internacionales procedentes de proyectos de reducción de emisiones de todo el mundo.

El régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE UE) constituye un hito de la política europea de lucha contra el cambio climático, y su herramienta principal para reducir de forma real las emisiones de gases de efecto invernadero. El comercio de derechos de emisión se puso en marcha el 1 de enero de 2005, como medida fundamental para fomentar la reducción de emisiones de CO2 en los sectores industriales y de generación eléctrica. En la actualidad, este régimen afecta a casi 11.000 instalaciones y un 45% de las emisiones totales de todos los gases de efecto invernadero.

Y aunque no está funcionando al ritmo esperado, poco a poco se ve el efecto del RCDE UE. De hecho, las emisiones de las instalaciones incluidas en el régimen están disminuyendo en algo más del 8%. En 2020 las emisiones de los sectores sujetos al régimen serán un 21% inferiores a las de 2005, y para 2030, según el régimen revisado, serán un 43% más bajas que las registradas en el momento en que se puso en marcha.

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